Por El Metropolitano Online
21 de septiembre de 2026
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el exjefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, presentó ante la Justicia un extenso escrito de 77 páginas en respuesta al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.
El funcionario buscó despejar las dudas planteadas sobre 20 puntos críticos de sus declaraciones juradas, argumentando que la evolución de sus activos responde a inversiones realizadas en criptomonedas y que su crecimiento patrimonial tiene «sustento razonable y verificable»
Sin embargo, la presentación reavivó los cuestionamientos sobre los tiempos del fuero federal, la solidez de las justificaciones esgrimidas para justificar movimientos por cientos de miles de dólares y las crecientes críticas que resuenan en todo el arco político.
Tiempos judiciales: dilaciones y demora en las explicaciones
Uno de los ejes que mayor repercusión genera en la opinión pública y los pasillos de Comodoro Py es la notoria parsimonia de la Justicia en las causas que involucran a altos cargos del Poder Ejecutivo
Las inconsistencias patrimoniales —que incluyen un salto sustancial del 119% en sus bienes y movimientos que superan los USD 340.000 en poco más de un año— estaban bajo la lupa judicial desde hacía meses. Pese a la urgencia e interés público que revisten los casos de corrupción o falta de transparencia en la función pública, la fiscalía tardó meses en estructurar el pliego de 20 preguntas y el imputado agotó de forma sistemática las prórrogas hasta finalmente radicar su contestación.
Esta dilación contrasta de forma severa con la celeridad aplicada en otros procesos judiciales, alimentando las sospechas sobre un manejo de los tiempos judiciales adaptado a las conveniencias del calendario político.
Criptomonedas y contradicciones: la polémica justificación de los USD 600.000
El núcleo duro del descargo de Adorni vuelve a descansar sobre el terreno de los activos digitales. Según la defensa, el origen de los fondos que permitieron respaldar su ritmo de vida y adquisiciones proviene de la liquidación de ocho billeteras virtuales de Bitcoin operadas entre 2017 y 2018, de las cuales afirma haber obtenido una ganancia de USD 591.544,61.
No obstante, esta explicación encendió alarmas por sus marcadas inconsistencias y contradicciones:
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Falta de trazabilidad bancaria: La Justicia detectó que los millonarios movimientos en divisas no guardan la debida correlación en los registros de facturación o bancarización formal en la Argentina durante los períodos fiscales bajo examen.
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Acreditación notarial vs. registro impositivo: Para fundamentar la posesión de las claves privadas de sus billeteras cripto, el exfuncionario recurrió a un acta notarial. Sin embargo, la omisión previa de la exteriorización o declaración formal de esos saldos en sus presentaciones originales ante la AFIP/ARCA reabre el debate sobre la legitimidad del argumento.
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Patrimonio en pesos vs. realidad en dólares: Mientas en sus declaraciones juradas del último año informó un patrimonio total cercano a los $107 millones de pesos, los análisis periciales advierten que los volúmenes transaccionados en plataformas digitales superan con amplitud la capacidad de ahorro derivada de sus sueldos públicos.
Repercusiones en el arco político: duro repudio opositor y cautela en el Gobierno
La radicación del escrito no trajo calma política, sino que intensificó el cruce de declaraciones entre los diferentes bloques del Congreso:
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Oposición: Dirigentes de la oposición señalaron de manera tajante el «doble estándar» del oficialismo en materia de ética pública. «Apelar a la ‘caja negra’ de las criptomonedas y la falta de regulación para blanquear dinero sin pagar impuestos es una burla a los contribuyentes. Adorni daba cátedra de moralidad en las conferencias de prensa y hoy no puede fundamentar con papeles bancarios de dónde sacó más de medio millón de dólares», cuestionaron desde las bancadas opositoras.
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Oficialismo y aliados: En los despachos de la Casa Rosada optaron por el silencio y mantuvieron la cautela a la espera de los dictámenes técnicos de la fiscalía, sosteniendo que «la documentación fue entregada de forma transparente y será la Justicia la encargada de cerrar la causa».
Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita evaluará la documentación notarial, los registros de las plataformas digitales y las 77 páginas del escrito para resolver si las justificaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con la citación a declaración indagatoria.