Desde el Ministerio de Seguridad quisieron responsabilizar a socorristas u organismos de derechos humanos por el ataque. Sin embargo, trascendió que el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rollé, habría circulado un video fraguado. Quedó en la cuerda floja. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal, que incluye también a la número dos de Bullrich.
Desde el Ministerio de Seguridad quisieron responsabilizar a socorristas u organismos de derechos humanos por el ataque
Patricia Bullrich está inmersa en una escalada represiva. Una de las postales que dejó la represión del miércoles fue la de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) arrojándole gas en la cara a una nena de diez años. Lejos de denunciar el caso, el Ministerio de Seguridad armó una operación para blindar el accionar policial. Bullrich acusó a la madre de irresponsable y, desde las usinas oficiales, se filtró un video editado con el que se acusaba a socorristas u organismos de derechos humanos de haber atacado a la chiquita. Con el correr de las horas, el armado quedó al descubierto al trascender que la filmación falseada habría sido divulgada por el jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, y refrendada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Inmune a las evidencias, Bullrich no retrocedió y se ató a la defensa corporativa de las fuerzas. “Nosotros no vamos a ir en contra de la policía”.
Fabricia llegó a la zona del Congreso con su mamá después de las dos de la tarde. Para entonces, la oposición en Diputados había fallado a la hora de conseguir los dos tercios necesarios para insistir con la ley que recompone los haberes de los jubilados. Cerca de las 16.15, un efectivo de la PFA la roció con gas irritante pese a los gritos de otros manifestantes que señalaban que había una nena.
Inmediatamente, Fabricia fue atendida por integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que advirtieron que tenía las mucosas oculares irritadas. Después la asistió el Centro de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), que es una ONG fundada en 2002. La CPM –presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos– monitorea las movilizaciones conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y el mecanismo local de prevención de la tortura-Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Amnistía Internacional advirtió desde X que habían gaseado a una niña. “Los niños/as no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas. Es responsabilidad de las fuerzas de seguridad ejercer un control estricto y riguroso del uso de armas de acuerdo a los estándares internacionales del uso de la fuerza”
Media hora después llegó a los teléfonos de periodistas de La Nación+ un video difuso en el que supuestamente habría una mujer vestida de naranja arrojando un líquido. El tema se expandió. Alejandra Monteoliva, número dos de Bullrich en el Ministerio, desfiló por distintos medios para decir que los agentes no habían estado involucrados en el ataque selectivo contra una niña de diez años. “No fue la policía. Las imágenes se analizaron y no había presencia policial en ese momento”, dijo en TN. “Estas personas de mameluco naranja eran supuestamente de derechos humanos al parecer. No está confirmado. Podrían haber sido infiltrados”, continuó en Radio Rivadavia.
Este jueves se difundió un video en el que se veía precisamente cómo Fabricia era víctima del accionar policial. Bullrich quiso tomar el toro por las astas y llamó a La Nación+ después de que el periodista Eduardo Feinmann reclamara su renuncia.
–Yo me enteré del video por La Nación+–se atajó Bullrich.
–¿Sabe quién mandó el video? Alejandro Rollé, su jefe de policía– le retrucó el conductor.
–OK. Eso me acabo de enterar en este momento.
A última hora, circulaba la versión de que Rollé podría ser desplazado. Había llegado a la jefatura de la fuerza de manos de Nicolás Posse, el jefe de gabinete que fue expulsado hace meses del gobierno de Javier Milei. De ser así, Bullrich iría contra su propia máxima y tiraría a un policía por la ventana.
La ministra, de todas formas, ensayó una defensa del efectivo: dijo que no quiso gasear a la nena, que no ve ni escucha porque tiene casco y dijo que lo cierto era que los niños no pueden ir a las marchas. «Hay un grupo de gente con uniformes naranjas que está todo el día dando instrucciones para plantear cómo se cubren y cómo tiran gases. Y ese grupo está armado desde la provincia de Buenos Aires», declaró en tono conspiranoico la ministra.
Es probable que el Ministerio deba dar explicaciones porque la CPM presentó una denuncia penal contra la PFA y contra la propia Monteoliva por el montaje. El abogado Gregorio Dalbón también anunció que había hecho una presentación contra la propia Bullrich.
“Es increíble cómo intenta sostener un relato de algo que no fue y desviar su propia responsabilidad hacia la madre de la nena y, lo que es peor aún, acusar a los organismos de derechos humanos o socorristas de usar gas pimienta o andar armados en las marchas. Sin dudas, no está a la altura de su cargo. Apela a la narrativa de la dictadura de inventar o fraguar hechos y justificar graves violaciones de derechos humanos”, afirma Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
Para Sabina Frederic, exministra de Seguridad, no hay dudas de que Bullrich tiene que brindar respuestas. “Es tan impune que se escuda detrás de un blindaje mediático que cree infalible. Es la responsable de todos y cada uno de los actos represivos, incluso de la gaseada del policía federal a esta niña”, le dice a este diario.