El Congreso retomará esta semana una agenda intensa y complicada para el Gobierno, que se postergó por la muerte del Papa Francisco.
y comenzará a funcionar la comisión investigadora del critpogate. Además, debatirán en comisiones la situación de los jubilados y de las personas con discapacidad
La Cámara de Diputados abrirá el calendario con la interpelación en el recinto del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, por el Criptogate que compromete al presidente Javier Milei. La saga continuará el miércoles en el anexo de la Cámara baja con la constitución de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, donde oficialismo y oposición buscarán romper la paridad de integrantes para definir quien la presidirá y de cuya elección dependerá en gran parte si se avanza o no en la investigación de la cripto estafa de escala internacional. También habrá plenarios de comisiones emplazadas por el pleno de la Cámara para tratar distintos proyectos impulsados desde la oposición sobre la prórroga de la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad.
Interpelados
La interpelación a Francos y Cúneo Libarona concentrará hoy todas miradas políticas, a pesar que el ministro de Economía, Luis «Toto” Caputo, decidió desertar y no responder al interrogatorio de los diputados sobre la estafa de la cripto moneda $LIBRA y del que también busca zafar el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
Pasaron casi 30 años de la última vez que un ministro fuera interpelado (como estable de la Constitución) por el Parlamento: el último fue el ex ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo, el 30 de agosto de 1995
Los detalles de la interpelación se terminarán de definir hoy en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el mediodía, dos horas antes que comience la sesión. En principio hará una exposición de los funcionarios de una hora, que podrá extenderse media hora más. En caso que asistan Francos y Cúneo Libarona (como está previsto) compartirán tiempo. Luego se tomará la misma cantidad de tiempo para que los interpelantes –miembros de los cinco bloques (UxP, EF, DpS, CC y FIT) que impulsaron la citación–, formulen preguntas y los interpelados respondan. Después se abriría el tiempo para el resto de las bancadas (oficialistas y colaboracionistas), con una serie de preguntas agrupadas por tiempo que buscarán aliviar a los interpelados, en una mecánica similar a las sesiones informativas del jefe de Gabinete.
Desde la oposición pidieron que haya cierres de bloques para hacer consideraciones finales, donde en tono político evaluarán las respuestas de los funcionarios sobre la cripto estafa que involucra al Presidente y a su entono más íntimo en el poder. La sesión podría durar cerca de diez horas.
Investigación
Con escasas expectativas sobre lo que puedan responder los ministros de Milei en las interpelaciones, las bancadas opositoras apuestan a la conformación de la Comisión Investigadora citada para este miércoles a las diez de la mañana en el Anexo de la Cámara baja.
habrá una dura disputa por la presidencia de la comisión, que es la que en definitiva marcará los tiempos de una investigación que la Casa Rosada busca bloquear para tratar de diluirla en el olvido
Luego que la Cámara baja aprobó la creación de la Comisión, su presidente, el riojano Martín Menem, promovió la creación de interbloques (PRO con MID y LLA con provinciales) y la división de otros (como la ruptura del bloque oficial de la UCR) para ampliar y ganar más sillas propias en la integración. El resultado fue la paridad de fuerzas entre sus 28 integrantes: 14 para los bloques que impulsaron su creación (UxP, EF, DpS, CC y FIT) y 14 para los libertarios y los bloques colaboracionistas.
Los opositores consideran que la investigación que involucra a Milei debe estar presidida por la oposición pero los libertarios quieren tener en sus manos la comisión que indague un posible acto de corrupción de su Presidente y de su entorno en el Gobierno. Cada sector desempolvará mañana las cartas que pondrá sobre la mesa para tratar de romper la paridad, de la que dependerá que la investigación avance o naufrague en el intento.
Moratoria y emergencia
La semana legislativa en Diputados se completa con otros dos temas donde la oposición logró emplazar a las comisiones para tratarlos. Y la estrategia oficialista (que preside comisiones clave como Presupuesto) fue convocarlas para este mismo miércoles, el día previsto para la conformación de la comisión investigadora sobre el criptogate.
Uno de ellos será el plenario de las comisiones de Discapacidad; Acción Social y Salud Pública; y de Presupuesto y Hacienda, prevista para mañana al mediodía para tratar el expediente 7861-D-2024 “Declaración de la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive”. La iniciativa apunta a revertir los fuertes recortes presupuestarios del Gobierno, que tras supuestas auditorías dio de baja unas 300 mil pensiones por discapacidad.
En lo que lleva de gestión Javier Milei, solo accedieron a una pensión el 0,1 por ciento de las personas solicitantes y el último aumento en los importes fue del 0,5 por ciento en diciembre
Esto además del maltrato del Ejecutivo –como explicó el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (UxP) durante el emplazamiento–, que a través de la resolución 187 “vuelve atrás con el concepto de invalidez, y ponen conceptos como ‘idiota’, ‘débil mental’, ‘imbécil’, para las personas con discapacidad volviendo 100 años atrás”.
El otro, es el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda –citado para este miércoles a las 14— distintos proyectos vinculados a la prórroga de la moratoria previsional que el Gobierno dio por terminada, y que margina a nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres no lograrán alcanzar los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación. Por lo que las personas que no puedan completar esos aportes solo recibirán la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): a la que accederían recién a los 65 años, con haberes equivalentes al 80 por ciento del haber mínimo, que no permite pensiones derivadas (como viudez) y desconoce aportes previos.