Octavio Pérez Pardo, el director de Bosques de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, presentó su renuncia al cargo en desacuerdo total con la decisión del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, de desfinanciar por completo los programas oficiales para cumplir con la Ley de Bosques de 2006, al haber eliminado el fideicomiso que canalizaba los magros recursos disponibles para la conservación de los montes nativos.
En una carta dirigida a la subsecretaria del área, Ana Vidal de Lamas, el funcionario expuso las diferencias existentes dentro del gobierno
En una carta dirigida a la subsecretaria del área, Ana Vidal de Lamas, el funcionario expuso las diferencias existentes dentro del gobierno con relación a este tema, ya que mientras él se dedicó estos primeros diez meses de gobierno libertario a tratar de implementar muchos aspectos pendientes de la Ley de Bosques sancionada en 2006, Economía pensaba en apropiarse de unos 12.500 millones de pesos acumulados en el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), un fideicomiso administrado por el BICE que debía servir para una transferencia más directa de los recursos a las provincias.
Estas es la carta de renuncia de Pérez Pardo, un ingeniero agrónomo que tiene una vasta trayectoria en la política pública referida a este asunto. En 1992 fue director del Área de Agricultura y antes había sido Director de Suelo y Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Luego, ya en el área de Ambiente, participó del equipo que trabajó en la Ley de Bosques.
Luego de recordar que Milei publicó en el Boletín Oficial el decreto 888/2024 ordenando la disolución de tres fideicomisos, entre ellos el Fobosque, el renunciante explicó que, aún respetando la decisión oficial, “la medida dificultará una efectiva implementación de la ley”. Pérez Pardo también se quejó de los considerandos de la norma, que justifican la disolución en un informa de la SIGEN que hablaría de irregularidades. Con elegancia, el director calificó las malas informaciones como “imprecisiones” de parte de Economía.
el renunciante explicó que, aún respetando la decisión oficial, “la medida dificultará una efectiva implementación de la ley”
Lo cierto es que con esta norma el Ejecutivo parece no solo apropiarse de 12.500 millones de pesos que eran de las provincias y debían ser girados como parte de los planes de 2023 sino que de aquí en adelante no se sabe cómo se financiará el capítulo de la Ley 26.331 o “Ley de Bosques” que dispuso la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos con el propósito de compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.