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El conflicto político, judicial y social en torno al área de Discapacidad sumó un nuevo capítulo en el Congreso de la Nación. Tras la renuncia del titular de la Secretaría de Discapacidad, las multitudinarias protestas en las calles y la fuerte presión ejercida por la oposición y aliados estratégicos como el PRO y la UCR, el Poder Ejecutivo presentó una contrapropuesta legislativa propia para intentar desactivar la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad impulsada por los bloques opositores.
El conflicto político, judicial y social en torno al área de Discapacidad sumó un nuevo capítulo en el Congreso de la Nación
Sin embargo, el movimiento táctico de La Libertad Avanza lejos estuvo de saldar la controversia: en la Cámara de Diputados predomina un clima de marcada desconfianza. Desde las bancadas opositoras advierten que la iniciativa oficialista busca «dilatar la crisis» y reclaman al Gobierno hechos concretos, empezando por el retiro del polémico Capítulo VI del Presupuesto 2027, el cual pretende dar de baja el financiamiento garantizado para prestaciones básicas.
Lo destacado de la jornada
• Maniobra de contención: Ante el inminente dictamen de comisión que imponía la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el oficialismo envió un proyecto propio consensuado a toda prisa con sectores del PRO.
• Freno a la automaticidad: La iniciativa gubernamental busca modificar las condiciones de acceso a los beneficios, estableciendo que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no garantice automáticamente la pensión o prestación, sumando evaluaciones sobre la situación socioeconómica y el grado de afectación laboral.
• Exigencia opositora: Unión por la Patria, la UCR y bloques provinciales exigen que el Poder Ejecutivo derogue los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 y aplique la ley de emergencia vigente en un plazo no mayor a 30 días.
• Auditorías y cruce de datos: El texto oficial incorpora la creación de controles periódicos interorganismos (cruzando bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER) para auditar el padrón de beneficiarios.
Un debate cruzado por la quita de prestaciones y el ajuste fiscal
El intento del oficialismo por retomar la iniciativa legislativa se da en el marco de un plenario decisivo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Allí, los bloques opositores contaban con las firmas necesarias para imponer un dictamen de mayoría que prorrogaba formalmente la Emergencia Nacional, una herramienta legal que el Presidente Javier Milei había judicializado y vetado en la práctica mediante el congelamiento de partidas presupuestarias.
La estrategia del Ministerio de Economía y del bloque libertario apunta a desarticular la convocatoria a una sesión especial de la oposición, prometiendo institucionalizar una nueva ley marco «superadora»
No obstante, la letra chica del borrador oficial encendió alertas en los organismos de derechos humanos y asociaciones de familias:
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Requisitos más restrictivos: Al disociar el CUD de la asignación directa de prestaciones de salud y transporte, el Gobierno busca filtrar la nómina de beneficiarios bajo criterios de vulnerabilidad económica.
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Auditorías bajo la mira: Si bien el PRO exigió que los controles del SINTyS y ANSES respeten el debido proceso inclusivo, referentes sociales denuncian que se trata de un «filtro burocrático» para justificar la baja masiva de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
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El fantasma del Presupuesto 2027: La principal traba en la negociación radica en el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, donde se eliminan partidas históricas destinadas al programa Incluir Salud y a los aranceles de transporte adaptado.
Matriz del Conflicto: Proyecto Oficialista vs. Exigencias de la Oposición
| Puntos de Discusión | Proyecto Presentado por el Gobierno (LLA – Aportes PRO) | Exigencias de la Oposición y Entidades de Discapacidad |
| Certificado Único (CUD) | Deja de ser llave directa al beneficio; se requiere evaluación socioeconómica adicional. | Exigen sostener el CUD como documento público vinculante para la cobertura de salud universal. |
| Mecanismo de Control | Auditorías periódicas con cruce de bases en ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. | Aceptan controles pero rechazan suspensiones preventivas antes de que se dicte resolución firme. |
| Plazos de Implementación | Pedido de plazos de adecuación fiscal supeditados a la meta de déficit cero. | La UCR y bloques dialoguistas exigen la puesta en vigencia plena en un máximo de 30 días. |
| Fondo de Financiamiento | Inclusión de la partida dentro de las metas generales del Presupuesto 2027. | Exigen el retiro inmediato del Capítulo VI del Presupuesto y la restitución del flujo de pagos adeudados. |
Una tregua frágil en un clima de protestas que no cede
La presentación del proyecto propio le permitió al oficialismo ganar tiempo parlamentario y postergar una derrota en el recinto, pero no logró disipar la tensión social. Las organizaciones de prestadores, transportistas y familias con personas con discapacidad mantienen el plan de lucha frente a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, denunciando que las deudas acumuladas por el Estado superan los cuatro meses y amenazan con el cierre definitivo de cientos de centros terapéuticos en todo el país.
El desafío de La Libertad Avanza consistirá en articular un consenso duradero que pueda ser trasladado al debate presupuestario de octubre
Si el Poder Ejecutivo no cede en el recorte del gasto asignado al sector, la oposición ya advirtió que avanzará con la sanción de la ley de emergencia por insistencia, marcando un claro límite a la política de tijera fiscal sobre las personas en situación de vulnerabilidad.