El santacruceño José María Carmbia y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco firmaron este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto que traía media sanción de la Cámara de Diputados para modificar la movilidad jubilatoria. Con esa acción, destrozaron los planes de Ezequiel Atauche, quien había instrumentado una estrategia habilitada por la Casa Rosada y diseñada por Victoria Villarruel para impulsar una iniciativa que evitara el veto de Javier Milei.
La iniciativa podría reunir una mayoría cómoda en la próxima sesión. El oficialismo estima que el Presidente vetará la ley
En el marco del plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, esos tres legisladores sumaron su firma junto a los representantes de Unión por la Patria (UP) y refrendaron el expediente que impulsó el bloque de Rodrigo De Loredo en la Cámara Baja y se aprobó por casi dos tercios. Por eso, fuentes parlamentarias estiman que, cuando el tema llegue a recinto, podría cosechar los 33 votos del peronismo, el de Carambia, el de Lousteau y el de Blanco. En total, 36 como piso.
A su vez, un senador de la UCR deslizó que también podrían optar por la afirmativa los legisladores Flavio Fama, Daniel Kronenberg y Maxi Abad. Ya serían 39
A esa lista se agregaba la especulación sobre el voto a favor de la compañera de bancada de Carambia, Natalia Gadano, y la cifra ascendería a 40. Ambos votaron en contra de la Ley Bases en general pero luego se abstuvieron para el tratamiento en particular. «Nunca se sabe porque capaz que dicen una cosa y después se sientan en la escalera», criticaron en un despacho peronista.
Como sea, los libertarios manifestaron en los pasillos del Congreso casi una rendición. Un vocero de la tropa de Milei admitió que Villarruel, en plena tensión con el Poder Ejecutivo, «podría caminar en el Senado silbando bajito y que el costo lo pague el Presidente».
Por lo demás, el radicalismo había negociado directamente con el Poder Ejecutivo «un veto parcial» de Milei a la norma que termine saliendo del Congreso, con el propósito de que al menos quedara en pie la recomposición del 8,1 por ciento que se había tragado la inflación de enero y el Presidente no contempló en su decreto de abril
El gobierno se contentaría con la eliminación de la actualización por RIPTE y con el pago de las cajas previsionales provinciales, y lo reconfortaría que los nuevos aumentos de los haberes se calculen a través del IPC solamente. «Por lo menos, seguiría firme el corazón de nuestro proyecto», habría dicho uno de los dirigentes radicales con terminales en Balcarce 50.