La fiscalía pidió citar como sospechosos, además de Spagnuolo, Garbellini y Calvete, a 26 personas más, entre ellos empresarios beneficiados por la venta direccionada de insumos y el reparto de sobreprecios. El fiscal Picardi señaló en el dictamen que todo se hacía a cambio de retornos y dádivas.
Para el fiscal, la Andis fue una “ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios”
En un nuevo capítulo de la causa en la que se investiga una gran trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde la llegada del gobierno de Javier Milei, en los próximos días volverán a ser citados a indagatoria el exdirector Diego Spagnuolo, el extitular de Acceso a Servicios de Salud, Daniel Garbellini y el lobista Miguel Angel Calvete, quien desde afuera del organismo manejaba las adjudicaciones, las compulsas de precios, lograba beneficiar a sus propias empresas y, además, se llevaba cerca de un 20 por ciento por todos los contratos que conseguía. Junto con ellos, el fiscal Franco Picardi, pidió citar como sospechosas a 26 personas más, entre ellos empresarios beneficiados en la venta direccionada de insumos de alto costo para el organismo (a través del Programa Incluir Salud) y el reparto de sobreprecios. Las nuevas maniobras detectadas involucran la erogación de 75.478.149.019 pesos de las arcas públicas en favor de un puñado de empresas. Picardi señala en el dictamen que presentó junto con Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que todo era cambio de retornos y dádivas de distinto tipo para los funcionarios y para quienes digitaban el negocio. El circuito habría incluido, según su análisis de las evidencias, hasta facturas por productos que no habrían existido como camas ortopédicas y una etapa de blanqueo del dinero.
En la primara tanda de indagatorias, por las que ya hay 19 procesamientos por asociación ilícita, entre otros delitos, Picardi se dedicó a analizar las licitaciones para medicamentos de alto costo y baja incidencia. En la nueva presentación, donde requiere 29 indagatorias en total, pone en evidencia mecanismos similares pero referidos a “insumos” también de alto costo. Se trata de dispositivos y tecnologías médicas costosas como prótesis de alta gama (para amputaciones), implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas, audífonos, materiales para cirugías complejas, entre otros. Eran gestionados desde el Programa Incluir Salud para para personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves que están en situación de pobreza estructural y que carecen de cobertura médica. Así, dice el fiscal, un programa que debía destinarse a políticas públicas para este sector vulnerable, montaron un servicio ilícito de pagos permanentes para un grupo de empresarios amigos en perjuicio del Estado y de la población destinataria del “Incluir Salud”.
En la nueva presentación, donde requiere 29 indagatorias en total, pone en evidencia mecanismos similares pero referidos a “insumos” también de alto costo
Así lo dice Picardi: “La ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia. El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”.
Uno de los mensajes que envía Garbellini a Calvete el 24 de julio de 2025 es ilustrativo por la terminología y la información. Le escribe “ofrendas de esta semana” y adjunta una lista de empresas (ortopedias, laboratorios, droguerías) con los montos correspondientes que le tocaba a cada una por un total, en ese caso, de 2.021.451.649 pesos. “Ofrendaban el dinero estatal y confundían los intereses públicos con los privados en detrimento del Estado”, dice el dictamen.
El dictamen fiscal explica que la investigación continúa y que podría llegar a otros funcionarios. Algunas de las pistas pendientes apuntan al papel de la Casa Rosada, en especial de Karina Milei y “Lule” Menem y Eduardo “Lule” Menem quienes, según los audios que fueron base de la primera denuncia se habrían llevado un tres y cinco por ciento respectivamente. También a la droguería Suizo Argentina. Las indagatorias deberán ser convocadas por el nuevo juez de la causa, Ariel Lijo.