Ciudad

La Legislatura porteña aprobó el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el acuerdo que contempla la transferencia de las competencias de la Justicia Laboral desde la órbita nacional hacia el fuero porteño.

La medida se votó este jueves en el recinto y busca agilizar las demandas de los trabajadores para que salgan en un año y no en cinco

la iniciativa salió adelante con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones. El esquema parlamentario mostró en sintonía a las bancadas de Pro, La Libertad Avanza, el radicalismo y otros bloques aliados, al tiempo que la representación del peronismo optó por abstenerse.
El convenio tiene como objetivo que la Ciudad pase a manejar todos los juicios individuales de trabajo, es decir, las demandas de empleados contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones. En cambio, todo lo que tenga que ver con reclamos sindicales o conflictos colectivos continuará tramitándose en la Justicia Nacional.
El objetivo principal de la reforma es acortar los tiempos de resolución de las demandas. Desde el sector judicial estiman que los expedientes que hoy tardan entre 3 y 5 años en resolverse podrían salir en un plazo de un año o menos. Los juicios que ya están abiertos seguirán en los tribunales nacionales hasta que haya sentencia final, mientras que los casos nuevos irán directamente a los nuevos juzgados porteños.

El objetivo principal de la reforma es acortar los tiempos de resolución de las demandas

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tendrá las facultades de revisar las causas de derecho local y común. Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad fue designado como el organismo responsable de garantizar las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento.
Para que el cambio se ponga en marcha, el Gobierno nacional y el porteño deberán firmar un segundo acuerdo por el envío de los fondos presupuestarios. Una vez rubricado ese documento, correrá un plazo de 180 días para nombrar a los nuevos jueces, adaptar la infraestructura e implementar el sistema.

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