La asociación civil Usina de Justicia presentó este martes una denuncia contra Marta Elba Pascual, la jueza que suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, que baja de 16 a 14 la edad de punibilidad. La Libertad Avanza (LLA), en tanto, anticipó que promoverá un pedido de juicio político contra la magistrada.
La magistrada Marta Elba Pascual determinó la suspensión por 60 días de la baja de la punibilidad en Provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja la acusó de proteger “los intereses de lo peor de la política”.
La ONG realizó dos presentaciones judiciales. Por un lado, solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la medida y, en una actuación separada, formuló una denuncia penal contra la jueza Pascual por los presuntos delitos de “usurpación funcional” y “abuso de autoridad”.
La presentación la hizo Fernando Oscar Soto, a través del abogado Martín Luis Sarubbi y en el marco de la asociación Usina de la Justicia, y plantea la necesidad de “defender y promover la participación de las víctimas y de sus familiares en los procesos judiciales y procurar que puedan ser escuchadas cuando se adoptan decisiones que afectan directamente el funcionamiento del sistema penal”, indicó la ONG.
Respecto a la decisión de denunciar a la magistrada, Usina de Justicia explicó que “la decisión judicial se habría basado en una hipótesis de futuro acerca de un posible incremento de las internaciones y de las condiciones de alojamiento, sin que existiera una lesión concreta que justificara suspender la aplicación de la ley”.
En ese sentido, la ONG cuestionó a la jueza porque no consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil prevé sanciones no privativas de la libertad para los adolescentes en conflicto con la ley penal, como medidas educativas y de acompañamiento, prohibiciones de contacto, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación integral del daño
La suspensión del Régimen Penal Juvenil por 60 días en la Provincia de Buenos Aires fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Marta Elba Pascual, en la causa 40881-HC, “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”.
El fallo se conoció este lunes, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Esa modificación implica que los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sujetos a procesos judiciales por ciertos delitos contemplados en el Código Penal.
El fallo de Pascual fue duramente criticado desde el oficialismo. La senadora Patricia Bullrich dijo que se trata de “una Justicia provincial garantista” que deja libres a quienes cometen delitos “para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”. En ese sentido, apuntó al gobernador y señaló: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”.
La Libertad Avanza (LLA) anticipó que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza. El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, criticó que la decisión de la magistrada busque frenar la entrada en vigencia de una norma aprobada por el Congreso de la Nación y señaló: “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”. De elevarse el pedido de jury, Pareja deberá presentarlo ante la Secretaría de Enjuiciamiento.
La Libertad Avanza (LLA) anticipó que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza
En las últimas horas, Pascual defendió su decisión de suspender la norma en Provincia, al señalar que le parece “pésimo” que los menores estén encerrados. No obstante, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años. “Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14”, indicó.
“Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad”, agregó en diálogo con Now 97.9 la funcionaria judicial, quien fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
Al argumentar sobre las bases de su decisión, Pascual explicó que en sus fallos aplica la “justicia restaurativa”, que apunta a “restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos”
En esa marco, reclamó por mecanismos relacionados “con oficios, actividades adentro, terapia” y consideró que “si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”.
“¿Qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?”, se preguntó y agregó: “hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente”.
“No pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”, concluyó
En el fallo de este lunes, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que autoridades provinciales deberán informar sobre las medidas adoptadas y previstas para la implementación de la ley. La ONG Usina de la Justicia pidió poder participar de esa reunión.