Diputados restituyó la Ley de Tierras
La Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por el Gobierno con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. Sin embargo, los cambios incorporados durante el debate obligan a que el proyecto regrese al Senado. La restitución de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros fue uno de los puntos centrales de la negociación parlamentaria.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. La iniciativa obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, en una votación ajustada que expuso las dificultades del oficialismo para reunir una mayoría sólida.
El texto deberá regresar al Senado para que la Cámara de origen analice las modificaciones introducidas por Diputados. El resultado representa un cambio significativo en la estrategia legislativa del Gobierno de Javier Milei, que había impulsado la derogación de la Ley de Tierras a través del DNU 70/2023.
La aprobación fue posible en medio de negociaciones con bloques aliados y legisladores provinciales. Las abstenciones de cinco diputados vinculados al gobernador cordobés Martín Llaryora y del legislador del PRO Álvaro González resultaron determinantes para el resultado de la votación en general.
Qué establece la restitución de la Ley de Tierras
El capítulo aprobado por Diputados deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había dispuesto la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
La normativa establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y busca evitar una concentración de propiedades en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Entre sus principales restricciones, fija un tope general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de límites específicos para determinados propietarios y zonas.
La restitución recupera ese marco regulatorio, que había quedado en discusión tras la desregulación impulsada por el Ejecutivo.
El apartado referido a la Ley de Tierras obtuvo un respaldo mucho más amplio que el proyecto en general: 239 votos afirmativos, cuatro negativos y seis abstenciones, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La diferencia entre ambas votaciones muestra que la defensa de los límites a la extranjerización reunió apoyos que exceden las divisiones habituales entre oficialismo y oposición.
Una negociación que obligó al Gobierno a modificar su estrategia
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada había llegado a Diputados después de su tratamiento en el Senado, pero durante el debate legislativo se incorporaron cambios relevantes.
La restitución de la Ley de Tierras fue una de las modificaciones centrales. La iniciativa también contempla reformas vinculadas con las expropiaciones y los procedimientos de desalojo, dos aspectos que generaron diferencias entre los bloques.
El oficialismo logró avanzar con el texto, aunque el margen de la votación en general fue estrecho. Las abstenciones de legisladores que responden al gobernador de Córdoba fueron decisivas para evitar un resultado adverso, en un escenario en el que la ausencia de esos votos favorables habría complicado seriamente la aprobación.
Desde el cordobesismo justificaron su posición al señalar sus diferencias con el tratamiento conjunto de distintas reformas dentro de un mismo proyecto. El apoyo a la restitución de la Ley de Tierras, en cambio, contó con un consenso mucho más amplio en el recinto.
La votación dejó en evidencia que los acuerdos parlamentarios no se construyen únicamente a partir de alineamientos partidarios: también intervienen los intereses provinciales y las diferencias sobre el alcance de cada reforma.
Expropiaciones y desalojos: los otros puntos de la iniciativa
Aunque la restitución de la Ley de Tierras concentró buena parte de la atención pública, el proyecto incluye otras modificaciones que también tendrán impacto en el debate político y jurídico.
Uno de los capítulos modifica el régimen de expropiaciones, con cambios en las condiciones bajo las cuales el Estado puede declarar la utilidad pública de bienes. Otro propone modificar procedimientos vinculados con la recuperación de inmuebles y los desalojos.
Estos puntos generaron cuestionamientos de sectores opositores, que advierten sobre las consecuencias de restringir las herramientas estatales para intervenir en determinadas situaciones. El oficialismo, por su parte, presenta la iniciativa como parte de su política de protección de la propiedad privada y de reducción de las intervenciones del Estado.
El texto reúne así debates diferentes: desde la defensa de los derechos de propiedad hasta la regulación de la titularidad extranjera de tierras rurales y los mecanismos legales para recuperar inmuebles.
La última palabra la tendrá el Senado
La aprobación en Diputados no implica que el proyecto se convierta automáticamente en ley. Al haber introducido modificaciones respecto del texto que recibió del Senado, la iniciativa deberá volver a esa Cámara para su revisión.
Los senadores podrán aceptar los cambios o insistir con la redacción original mediante el mecanismo constitucional correspondiente, que requiere una mayoría de dos tercios para imponerse sobre las modificaciones de la Cámara revisora.
El desenlace dependerá de las negociaciones que se desarrollen en el Senado y de la posición que adopten los distintos bloques frente al texto modificado.
Para el Gobierno, la votación significa un avance en su agenda de propiedad privada, aunque también revela los límites de su capacidad para imponer todos los componentes de una reforma sin concesiones. Para quienes defendieron la Ley de Tierras, la restitución representa la recuperación de restricciones que consideran necesarias para preservar el control nacional sobre los recursos territoriales.
La discusión, por lo tanto, no está cerrada. La próxima instancia legislativa definirá si el Senado convalida los cambios aprobados por Diputados y cuál será el alcance definitivo de una de las iniciativas más controvertidas de la agenda parlamentaria.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas, Río Negro y TN. Información correspondiente al tratamiento legislativo del 21 de octubre de 2026.
