Siley: «El FAL es el caballo de Troya de la reforma laboral”
La diputada nacional de Unión por la Patria reclamó derogar el Fondo de Asistencia Laboral y alertó que podría reducir los recursos del sistema previsional entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones anuales. El mecanismo, destinado a financiar obligaciones por despidos, comenzará a regir el 1 de diciembre tras una nueva prórroga del Gobierno.
La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) volvió a encender la discusión sobre el financiamiento de las jubilaciones y el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Durante la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles, la legisladora Vanesa Siley reclamó tratar de manera urgente un proyecto para derogar el mecanismo y advirtió que su puesta en marcha podría afectar los recursos de la seguridad social.
“Es el caballo de Troya de la reforma laboral”, sostuvo la diputada de Unión por la Patria, quien cuestionó que una parte de los recursos vinculados con las contribuciones patronales se destine a financiar indemnizaciones por despido mediante fondos administrados a través del mercado de capitales.
Según las estimaciones que presentó durante su intervención, el cambio podría representar una retracción de entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones anuales para el sistema previsional. Se trata de una proyección citada por la legisladora, no de una pérdida fiscal ya registrada.
Siley pidió habilitar el tratamiento del expediente 4963-D-2026, que propone derogar el Título II de la Ley 27.802, correspondiente al Fondo de Asistencia Laboral. La iniciativa lleva también las firmas de los diputados Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Antonio Moyano, Hugo Yasky y José Gómez.
Qué es el Fondo de Asistencia Laboral
El FAL fue creado por la Ley de Modernización Laboral para contribuir a cubrir determinadas obligaciones derivadas de la finalización de las relaciones de trabajo.
El régimen contempla contribuciones patronales del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas y otras entidades alcanzadas por la alícuota diferencial. Los recursos se canalizan mediante instrumentos financieros regulados y tienen como finalidad cubrir obligaciones laborales vinculadas con la extinción de los contratos.
La controversia está relacionada con el origen de esos fondos. Los críticos del sistema sostienen que las contribuciones destinadas al FAL implican una reducción de los recursos que, bajo el esquema anterior, ingresaban al sistema de seguridad social.
Para Siley y los diputados de extracción sindical que acompañan el proyecto derogatorio, el cambio supone trasladar recursos que contribuyen al financiamiento previsional hacia un mecanismo destinado a cubrir costos de los empleadores por despidos.
El Gobierno, en cambio, incorporó el FAL dentro de su reforma laboral como una herramienta para organizar el financiamiento de esas obligaciones. La discusión sobre sus efectos previsionales se centra en el impacto que tendrá el nuevo esquema sobre los ingresos de la ANSES y en la capacidad de los fondos para cumplir con su finalidad.
La advertencia sobre las jubilaciones
Durante su exposición, Siley vinculó la puesta en marcha del FAL con las dificultades que, según señaló, ya atraviesa la recaudación de los recursos destinados a la seguridad social.
La legisladora mencionó una caída de ingresos tributarios y la pérdida de puestos de trabajo registrados como factores que podrían agravar el escenario. En ese contexto, cuestionó que se avance con un régimen que, de acuerdo con sus cálculos, reduciría todavía más los recursos disponibles para sostener las prestaciones previsionales.
“¿Me quieren explicar cómo vamos a pagar las jubilaciones el año que viene?”, planteó ante sus pares.
La diputada también advirtió que una eventual insuficiencia de recursos podría utilizarse posteriormente como argumento para impulsar cambios en la movilidad jubilatoria o en la edad de retiro.
Ese escenario forma parte de las advertencias políticas de Siley y no constituye, hasta el momento, una decisión anunciada por el Gobierno. El interrogante que instala su planteo es cómo se compensaría la eventual reducción de ingresos previsionales y qué impacto tendría sobre la sustentabilidad del sistema.
La discusión adquiere relevancia porque el financiamiento de las jubilaciones depende de distintas fuentes de ingresos, entre ellas contribuciones e impuestos. Por eso, para evaluar el impacto efectivo del FAL será necesario conocer tanto los recursos que dejarían de ingresar al sistema previsional como el funcionamiento concreto del nuevo mecanismo.
“Las nuevas AFJP”: la comparación que plantea la oposición
Siley comparó el FAL con las antiguas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que funcionaron en la Argentina bajo un sistema de capitalización individual hasta su eliminación en 2008.
La comparación forma parte de la crítica política y sindical al nuevo fondo. Desde ese sector sostienen que la administración de recursos a través de instrumentos financieros abre la puerta a una mayor participación del mercado de capitales en fondos vinculados con obligaciones laborales.
Sin embargo, ambos sistemas tienen finalidades diferentes: las AFJP administraban aportes destinados al financiamiento de jubilaciones individuales, mientras que el FAL fue diseñado para cubrir determinadas obligaciones de los empleadores derivadas de la finalización de contratos de trabajo.
El punto de contacto que señala la oposición es el uso de mecanismos de capitalización y administración financiera, además del debate sobre el destino de recursos que, según su interpretación, deberían fortalecer el sistema solidario de seguridad social.
La discusión también involucra el efecto del FAL sobre las indemnizaciones. Sus críticos sostienen que el nuevo esquema podría reducir el costo inmediato de los despidos para las empresas, mientras que el oficialismo lo presenta como un instrumento para organizar la cobertura de esas obligaciones.
El Gobierno prorrogó la entrada en vigencia hasta diciembre
El reclamo de Siley se produjo después de que el Poder Ejecutivo dispusiera una nueva prórroga para la implementación del fondo.
A través del Decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial el 20 de octubre, el Gobierno fijó el 1 de diciembre de 2026 como nueva fecha de entrada en vigencia del régimen. La norma también amplió a doce períodos mensuales completos el plazo de carencia previsto para el sistema.
En los fundamentos, el Ejecutivo argumentó que la implementación requiere completar procedimientos, sistemas informáticos y herramientas operativas, además de coordinar el trabajo de distintos organismos y actores del mercado de capitales.
La postergación no implica la eliminación del FAL ni una modificación de su objetivo. Se trata de una extensión del plazo para ponerlo en funcionamiento.
Para la oposición, el tiempo adicional representa una oportunidad para discutir la derogación antes de que el mecanismo comience a operar. Siley reclamó que la Comisión de Legislación del Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda avancen con el expediente presentado por su bloque.
Un nuevo frente de disputa por la reforma laboral
El debate sobre el FAL abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Gobierno y los sectores sindicales y opositores que cuestionan la reforma laboral.
Para Siley, el fondo no puede analizarse de manera aislada, porque su financiamiento está vinculado con recursos que considera necesarios para sostener las jubilaciones. Desde esa perspectiva, la prioridad debería ser fortalecer el sistema previsional y evitar que una modificación del régimen laboral reduzca sus ingresos.
El oficialismo, por su parte, defiende el mecanismo como una herramienta destinada a financiar obligaciones por despidos y sostiene que su puesta en marcha requiere una estructura operativa específica.
La cuestión central será determinar con precisión cuánto dinero dejará de ingresar a la seguridad social, qué recursos administrará el FAL y cómo se distribuirán los riesgos y las obligaciones entre empleadores, trabajadores y Estado.
La advertencia de Siley coloca así al financiamiento jubilatorio en el centro de una discusión que el Gobierno deberá afrontar antes de diciembre. El Congreso tendrá la posibilidad de debatir la derogación, aunque por ahora el fondo continúa vigente en la legislación y su implementación fue reprogramada.
El interrogante que queda abierto es si el FAL podrá cumplir su objetivo de financiar obligaciones laborales sin debilitar los recursos previsionales o si, como advierte la oposición, terminará profundizando las tensiones sobre un sistema jubilatorio que ya enfrenta fuertes desafíos de financiamiento.
