La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para reclamar la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, aunque su ejecución quedó suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA durante su sesión del 22 de octubre. En su resolución, el cuerpo señaló que el decreto “promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley”, lo que —advirtió— “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos y quebranta la voluntad soberana del Congreso”
El texto aprobado sostiene que la medida del Ejecutivo “vulnera derechos constitucionales y afecta al sistema universitario y a su comunidad, al impedir el acceso al financiamiento y a la recomposición salarial previstos por la ley”.
El expediente fue registrado bajo el número EX-2025-04995445-UBA-DME#REC e instruye al rector a presentar las demandas judiciales correspondientes “para exigir la inmediata implementación efectiva” de la norma
Además, la universidad comunicará la resolución a todas sus facultades, colegios, hospitales e institutos. El Consejo Superior fundamentó su decisión en la delicada situación económica del sistema universitario nacional y recordó que la UBA ya declaró la emergencia salarial y presupuestaria. Según el documento, la ley aprobada por el Congreso “busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes”.
El cuerpo académico advirtió que la falta de aplicación “profundiza la crisis del sistema universitario” y calificó la suspensión como “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina”
En su pronunciamiento, el Consejo reclamó que “de manera inmediata el Poder Ejecutivo cumpla con la efectiva ejecución de la ley y asigne los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
La resolución enfatiza que el cumplimiento de la norma es esencial para sostener la educación pública y la institucionalidad democrática del país.
La controversia surge tras la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 759/2025 y 760/2025, mediante los cuales el Gobierno promulgó la Ley 27.795 —sobre financiamiento universitario— y la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las partidas presupuestarias correspondientes. Según fuentes oficiales, la suspensión busca evitar un mayor impacto fiscal sobre las cuentas del Estado, a pesar de que, hace un par de semanas, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, había afirmado que existían fondos suficientes para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires.
En tiempos en que se discute el valor de lo público, la decisión de la UBA trasciende lo jurídico
Las universidades no son un privilegio ni un lujo, sino la base sobre la que la sociedad argentina puede construir movilidad social y progreso. Desfinanciarlas es renunciar al futuro del país. La causa nacional por la defensa de la educación pública no debe abandonarse; hacerlo sería resignar el principal motor de desarrollo, igualdad y soberanía que históricamente definió a la República Argentina.