El Gobierno anunció sanciones y denuncias penales a las empresas que pretenden saquear el petróleo argentino, luego de años de inacción. Los bloques opositores esperan el proyecto de la Rosada con una batería de iniciativas propias y señalamientos por los vínculos y negocios con firmas británicas.
El proyecto oficial se pondrá a prueba en el Congreso
El gesto teatral de Javier Milei, su ataque repentino de patriotismo transmitido por cadena nacional, se pondrá a prueba en el Congreso en las próximas semanas. La oposición ya se prepara en Diputados para recordarle no solo su idolatría confesa hacia Margaret Thatcher, sino cómo esa admiración se tradujo en actos —y omisiones— de su gobierno durante los últimos tres años. La intención para cuando ingrese el proyecto de ley oficial, al que todavía le falta la letra chica, es responder con una batería de iniciativas de los distintos bloques respecto de la soberanía, que van desde la imposición de sanciones a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, los socios británicos e israelíes detrás del proyecto Sea Lion, hasta la eliminación de beneficios impositivos a las empresas del Reino Unido que operan en el país. Son algunas ideas que se están barajando ante la ofensiva oficial, como la posibilidad de impulsar el reclamo del sector pesquero, que pide mayor énfasis en el combate de ese otro saqueo en el mar argentino. Habrá lugar también para la denuncia: no faltarán las voces críticas de los vínculos de Milei con Eduardo Elsztain y del propio Elsztain con la Falkland Islands Company (FIC), o los “incentivos” fiscales y cambiarios que Luis “Toto” Caputo le firmó en 2025 a la también británica Southern Energy para acrecentar sus ganancias en Vaca Muerta. Otros se encargarán de señalar que Starlink, propiedad del “amigo” Elon Musk, es una de las principales proveedoras de internet a los kelpers, y recordarán que la AABE sacó a remate terrenos de la Armada en Ushuaia. El prontuario, se ve, es largo.
Son algunas ideas que se están barajando ante la ofensiva oficial, como la posibilidad de impulsar el reclamo del sector pesquero, que pide mayor énfasis en el combate de ese otro saqueo en el mar argentino
En el caso de las sanciones a las empresas de Sea Lion, que anunció su plan de inversiones a fines de 2025, ya se presentaron en los últimos meses cuatro proyectos distintos (dos de Unión por la Patria y otro de Marcela Pagano), y la oposición acusa al Gobierno de no haberlos querido tratar hasta ahora y de tener una actitud en el parlamento similar a la que tuvo el canciller Pablo Quirno: mirar para otro lado a medida que avanzaba el proyecto petrolero. Tal como reveló Página/12 este lunes, en Cancillería primó hasta el viernes la “Doctrina Plaza”, en referencia directa a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, cuyo dogma fue “fomentemos negocios con el Reino Unido, incluyendo inversiones y explotación de recursos en Malvinas”.
Eso se tradujo en dejar avanzar a Rockhopper y Navitas, esta última de capitales israelíes, el otro país de primer orden junto a Estados Unidos para la política exterior de Milei
Este lunes por la noche, a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente, el gobierno anunció que denunciará penalmente a Rockhopper y Navitas. Hasta ahora, tras la cadena nacional, Quirno había abierto un proceso sancionatorio contra 45 otras 45 empresas que participan indirectamente de Sea Lion, que tuvo un lunes negro en las bolsas de Londres y Tel Aviv, lo cual fue un paso adelante luego de varios años de dejar hacer. Antes del discurso del viernes, la única acción proactiva del Estado había sido un amparo presentado por excombatientes del CECIM y organizaciones ambientalistas ante los tribunales de Tierra del Fuego.
el gobierno anunció que denunciará penalmente a Rockhopper y Navitas
El ministro de Seguridad israelí, curiosamente, hizo un guiño al respecto y pidió también él sanciones para el Reino Unido y que se reconozca la soberanía argentina. La mala para Milei, en ese contexto revuelto, es que Donald Trump no tocó el tema Malvinas en su charla con el premier británico Andy Burnham (ver aparte).
De sanciones y premios
En cuanto a las sanciones, la oposición ya puso el foco en el caso de Southern Energy, que más que penalizada, fue premiada por el Gobierno. El diputado Maxi Ferraro (CC) publicó una extensa investigación en la que denunció el vínculo societario de esa firma con Premier Oil PLC, una sociedad que había sido inhabilitada en 2013 para operar en el país por haber participado en exploraciones petroleras en la plataforma continental argentina, cerca de Malvinas. La sanción fue por 15 años y se aplicó la Ley 26.659, la misma que Milei dice querer endurecer. Muy lejos de eso, el Ministerio de Economía le firmó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Vaca Muerta, por lo que gozará de beneficios fiscales y cambiarios durante décadas.
En esa línea, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para anular el “convenio de doble imposición” que otorga beneficios fiscales a las empresas británicas en el país, que se había firmado durante el menemismo