Mega DNU de Milei: la maniobra del Gobierno para evitar el rechazo en Diputados
La Libertad Avanza impulsó cambios para restablecer la Ley de Tierras y desactivar la ofensiva opositora contra el DNU 70/2023. La estrategia abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso y puso el foco en los gobernadores y los bloques aliados, cuyas decisiones pueden resultar determinantes.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada política en la Cámara de Diputados. A horas de una sesión convocada por la oposición para avanzar contra el megadecreto 70/2023, el oficialismo y sus aliados impulsaron una modificación vinculada con la Ley de Tierras, en una maniobra que busca reducir los apoyos necesarios para poner en riesgo una de las principales herramientas normativas de la gestión libertaria.
La iniciativa consiste en incorporar nuevamente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El movimiento supone un cambio significativo respecto del rumbo original del decreto presidencial y busca desactivar uno de los principales puntos de conflicto que reactivaron la ofensiva parlamentaria.
La discusión excede la cuestión territorial: lo que está en juego es la continuidad del DNU que modificó numerosas normas económicas, laborales y comerciales desde diciembre de 2023.
¿Por qué el Gobierno busca salvar el mega DNU?
El DNU 70/2023 constituye una pieza central del programa de desregulación impulsado por Milei. Su alcance incluyó modificaciones sobre distintas áreas de la economía, la derogación de la Ley de Alquileres, cambios en las regulaciones comerciales y la eliminación de la Ley de Tierras Rurales.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024, pero la Cámara de Diputados todavía debe definir su posición para que pueda concretarse un rechazo legislativo definitivo por ambas cámaras.
En ese escenario, la oposición convocó a una sesión especial para intentar reunir el quórum y avanzar con el tratamiento del megadecreto. Sin embargo, las negociaciones con los bloques provinciales y los legisladores que suelen acompañar algunas iniciativas del oficialismo mantienen abierto el interrogante sobre el resultado.
La respuesta del Gobierno fue buscar una salida legislativa que permita atender uno de los reclamos vinculados con la extranjerización de tierras sin poner en discusión la totalidad del decreto.
Ley de Tierras: el cambio de estrategia de Javier Milei
La controversia por la Ley de Tierras volvió al centro de la agenda después de las decisiones judiciales que reabrieron la discusión sobre los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La norma sancionada en 2011 establecía restricciones a la propiedad extranjera, entre ellas un límite del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. El artículo 154 del DNU 70/2023 había dispuesto su derogación.
Frente al nuevo escenario judicial y político, el oficialismo avanzó con la incorporación de esas restricciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya contaba con media sanción del Senado.
La jugada tiene una consecuencia política evidente: permite al Gobierno presentarse como dispuesto a restablecer límites sobre la propiedad rural, mientras intenta evitar que el rechazo al artículo referido a las tierras se convierta en una derrota parlamentaria contra el conjunto del megadecreto.
Pero el cambio de estrategia también deja expuesta una contradicción entre la orientación desreguladora original y la necesidad de negociar modificaciones para conservar respaldos políticos.
El papel de los gobernadores y los bloques provinciales
La definición del conflicto no depende exclusivamente de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Los legisladores que responden a gobernadores provinciales y los bloques dialoguistas ocupan un lugar decisivo en las negociaciones.
Entre los actores observados aparecen los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz, cuyas posiciones pueden incidir en el comportamiento de los diputados que les responden.
Para el oficialismo, recuperar apoyos mediante una concesión específica puede ser determinante para impedir que la oposición alcance los números necesarios para abrir la sesión y avanzar contra el DNU.
Para la oposición, en cambio, el desafío consiste en evitar que los acuerdos parciales fragmenten el frente parlamentario y permitan mantener en pie el decreto pese a los cuestionamientos sobre su alcance.
El resultado de esta negociación será una señal sobre la capacidad del Gobierno para sostener su agenda legislativa y sobre el margen de autonomía de sus aliados.
Un conflicto que excede la Ley de Tierras
La disputa por el megadecreto también vuelve a poner en discusión el alcance de las reformas introducidas por el Poder Ejecutivo y el papel del Congreso en el control de esas decisiones.
El DNU 70/2023 fue presentado por el Gobierno como una herramienta para desregular la economía y modificar estructuras normativas que consideraba obstáculos para la actividad privada. Sus críticos cuestionan la amplitud de los cambios y el uso de un decreto para intervenir en materias que afectan a distintos sectores de la sociedad.
Por eso, el debate parlamentario no se limita a la compra de tierras rurales. También involucra las consecuencias de las desregulaciones, la protección de derechos, las relaciones laborales y el equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.
La estrategia oficialista apunta a resolver un frente específico para evitar que se convierta en la puerta de entrada a una impugnación más amplia. La oposición, por su parte, busca aprovechar la controversia para reunir los votos que hasta ahora no logró consolidar.
Qué puede pasar con el DNU 70/2023
El desenlace depende de la capacidad de los bloques para reunir el quórum y construir mayorías. Si la oposición no logra abrir la sesión, el Gobierno habrá conseguido sortear, al menos por el momento, una instancia de alto riesgo político. Si consigue avanzar con el rechazo en Diputados, el escenario cambiará de manera sustancial, dado el antecedente del Senado.
La incorporación de las restricciones sobre tierras al proyecto de propiedad privada abre, además, un recorrido legislativo propio: cualquier modificación del texto con media sanción deberá continuar su tratamiento parlamentario.
En definitiva, el oficialismo intenta separar dos discusiones que quedaron estrechamente vinculadas: el futuro de la Ley de Tierras y la continuidad del megadecreto. La oposición procura mantenerlas conectadas para transformar el conflicto en una oportunidad de frenar una parte central del programa de Milei.
La disputa en Diputados se convierte así en una prueba de fuerza para el Gobierno y sus aliados, con consecuencias que pueden extenderse más allá de una votación y marcar el rumbo de las próximas negociaciones legislativas.
Metropolitano Online
