Causa ANDIS: la Justicia amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo por presuntas irregularidades millonarias
El juez federal Ariel Lijo extendió los procesamientos del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad y de otros exfuncionarios y empresarios. La investigación analiza posibles sobreprecios y el presunto direccionamiento de compras de medicamentos e insumos médicos destinados a personas con discapacidad.
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y de otros exfuncionarios y empresarios investigados por una presunta estructura de corrupción vinculada con la compra de medicamentos e insumos médicos y ortopédicos.
La resolución alcanza también a Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS, y al empresario Miguel Ángel Calvete, señalados por el magistrado como presuntos jefes de una asociación ilícita. Además, se extendió el procesamiento de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados presuntos integrantes de esa organización.
Según la información publicada por Página/12 el viernes 16 de octubre, el expediente investiga posibles maniobras para direccionar contrataciones públicas y beneficiar a determinados proveedores. El juez también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas.
Diferencias de precios por más de $7.800 millones
Uno de los puntos centrales de la resolución son las diferencias detectadas entre los precios pagados por medicamentos e insumos médicos y los valores utilizados como referencia en el análisis judicial.
De acuerdo con los datos difundidos sobre el expediente, el monto estimado asciende a $7.833.872.357,24. La cifra surge de sumar aproximadamente $5.984 millones correspondientes a medicamentos y otros $1.849 millones vinculados con distintas categorías de insumos médicos y ortopédicos.
El relevamiento incluye adquisiciones relacionadas con prótesis, implantes auditivos, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas, andadores y otros elementos destinados a la atención de personas con discapacidad y pacientes que reciben prestaciones a través del Programa Incluir Salud.
La estimación, sin embargo, es provisoria y corresponde a operaciones que pudieron compararse con valores de referencia. No constituye por sí misma una determinación definitiva del daño económico ni implica que todos los montos observados hayan sido producto de un delito probado.
Qué investiga la Justicia
La investigación busca determinar si existió una estructura organizada que habría intervenido en los procedimientos de contratación del organismo para favorecer a determinadas empresas proveedoras.
Entre las posibles maniobras bajo análisis aparecen el presunto direccionamiento de adjudicaciones, la utilización de información privilegiada, la simulación de competencia entre proveedores y la eventual circulación de pagos indebidos.
Los delitos atribuidos, según la situación de cada imputado, incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En determinados casos, también se investigan posibles maniobras de lavado de activos.
La causa está delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi y reúne documentación administrativa, análisis de compras y otros elementos incorporados durante la instrucción.
Spagnuolo y el avance del expediente
Diego Spagnuolo encabezó la Agencia Nacional de Discapacidad durante parte de la gestión de Javier Milei. Su nombre quedó en el centro de la controversia pública a partir de la difusión de audios atribuidos al exfuncionario y de las posteriores investigaciones judiciales.
En septiembre, la Cámara Federal había confirmado los procesamientos dictados en el primer tramo de la causa contra Spagnuolo y otros acusados. Ahora, la decisión de Lijo amplía las imputaciones a partir del análisis de nuevas operaciones y de la información reunida sobre las compras de medicamentos e insumos.
La nueva resolución representa un avance procesal, pero no una condena penal. Los involucrados mantienen su derecho de defensa y la responsabilidad individual de cada uno deberá establecerse durante el proceso judicial.
El impacto sobre las prestaciones por discapacidad
El expediente tiene una dimensión especialmente sensible porque las compras investigadas están vinculadas con medicamentos, prótesis y dispositivos necesarios para tratamientos y prestaciones de salud.
El Programa Incluir Salud brinda cobertura a personas que cuentan con pensiones no contributivas y que no tienen otra cobertura médica específica. Por eso, el esclarecimiento de las contrataciones resulta relevante tanto para determinar eventuales responsabilidades penales como para establecer si hubo irregularidades que afectaron el uso de recursos públicos destinados a la atención sanitaria.
La investigación continuará con el análisis de las operaciones, la documentación incorporada y la participación que habría tenido cada uno de los imputados. Mientras tanto, la ampliación de los procesamientos vuelve a colocar a la ANDIS en el centro de una causa que combina presuntas irregularidades administrativas, posibles beneficios económicos indebidos y compras de insumos esenciales.
