ANDIS: disputa entre el Gobierno y la Justicia
La Casa Rosada difundió que Gendarmería detectó indicios de manipulación en las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que todavía no hay un informe firmado incorporado al expediente y remarcaron que la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad continúa sustentada en otras pruebas.
La causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y la Justicia. Este jueves, la Casa Rosada difundió supuestas conclusiones de un peritaje realizado por Gendarmería Nacional sobre los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y sostuvo que las grabaciones no serían auténticas y podrían haber sido manipuladas.
Sin embargo, desde el ámbito judicial desmintieron que exista una conclusión oficial incorporada al expediente. Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que todavía no se presentó un informe firmado y advirtieron que el estudio técnico no permite afirmar que los audios sean falsos.
La diferencia no es menor: mientras el Gobierno presentó públicamente los resultados como un cuestionamiento a la autenticidad de las grabaciones, desde los tribunales remarcaron que el alcance del peritaje es más limitado y que la causa continúa avanzando.
Qué encontró Gendarmería en los audios de Spagnuolo
De acuerdo con la información difundida sobre el análisis de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, los archivos presentaban una serie de irregularidades técnicas.
Entre los elementos mencionados aparecen:
- Rasgos compatibles con procesos de regrabación o transferencia acústica.
- Cortes y discontinuidades abruptas en las grabaciones.
- Inconsistencias acústicas que no se corresponden con un registro sonoro continuo.
- Dificultades para establecer la identidad de las voces.
- Imposibilidad de descartar una eventual manipulación o el uso de inteligencia artificial para alterar o generar voces.
Uno de los principales obstáculos señalados fue la interrupción de la cadena de custodia del material antes de su análisis. Este procedimiento resulta fundamental para garantizar que los archivos examinados sean los mismos que fueron obtenidos originalmente y que no hayan sufrido modificaciones durante su circulación.
Por eso, el estudio no pudo establecer de manera concluyente el origen de las grabaciones ni atribuir técnicamente las voces a las personas investigadas.
La distinción es central: no poder confirmar la autenticidad de un audio no equivale automáticamente a demostrar que fue fabricado o que las conversaciones nunca existieron.
La respuesta judicial: todavía no hay un informe oficial en el expediente
La difusión de los resultados generó una reacción inmediata desde los tribunales. Fuentes judiciales consultadas por distintos medios sostuvieron que no existe, hasta el momento, un informe firmado que permita dar por cerrada la pericia.
Según esas fuentes, tampoco corresponde presentar como una conclusión definitiva que las grabaciones sean falsas. El análisis técnico tiene limitaciones y sus resultados deberán ser evaluados formalmente dentro de la investigación.
La controversia también involucra el modo en que se hicieron públicos los resultados. La información difundida desde el Gobierno fue presentada como un argumento para poner en duda las grabaciones que dieron origen a la exposición pública del caso.
Desde el ámbito judicial, en cambio, remarcaron que la investigación no depende exclusivamente de esos archivos y que existen otros elementos probatorios reunidos durante la instrucción.
Una causa que continúa más allá de los audios
La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi. El expediente se inició luego de la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se describía un presunto sistema de cobro de retornos ilegales vinculado con compras de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad.
En esos registros se mencionaban supuestos pagos y referencias a funcionarios del entorno presidencial, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Esas menciones forman parte de las denuncias y de la información que trascendió públicamente, pero no deben confundirse con hechos judicialmente probados.
Un aspecto relevante es que, según la información publicada sobre el expediente, los audios no fueron utilizados como prueba de cargo para dictar los procesamientos. La investigación avanzó a partir de otros elementos, entre ellos documentación, comunicaciones extraídas de teléfonos celulares y registros vinculados con contrataciones y proveedores.
En ese marco, la Justicia ya había confirmado procesamientos de Spagnuolo y otros investigados. También se informaron diferencias de precios superiores a los $7.833 millones en medicamentos e insumos médicos, según los elementos considerados por el juez en la investigación.
Por lo tanto, el resultado del peritaje sobre las grabaciones no implica por sí mismo la caída de los procesamientos ni el cierre de la causa.
La disputa por el impacto político y judicial del caso
La discusión sobre los audios tiene una dimensión técnica, pero también una fuerte repercusión política. Las grabaciones fueron el punto de partida de una crisis que puso bajo cuestionamiento el funcionamiento de la ANDIS y las relaciones entre funcionarios, prestadores y proveedores del sistema de discapacidad.
Para la defensa de Spagnuolo, la posibilidad de que los audios hayan sido alterados representa un argumento relevante para cuestionar el origen de la investigación y reclamar medidas procesales. Sin embargo, la existencia de otras pruebas incorporadas al expediente obliga a analizar por separado la validez de las grabaciones y el resto de la evidencia.
Para el Gobierno, la difusión de los resultados constituye un elemento para poner en duda el contenido de los audios y su utilización en el debate público. Pero la comunicación oficial no reemplaza la presentación formal del informe ni la evaluación que corresponde realizar a los magistrados.
La controversia deja una pregunta abierta: ¿qué alcance tendrá finalmente el peritaje y cuánto puede modificar el desarrollo de una investigación que ya avanzó sobre documentación y comunicaciones ajenas a las grabaciones?
Por ahora, la respuesta deberá surgir del expediente judicial. Mientras tanto, la causa ANDIS continúa y el debate sobre las presuntas irregularidades en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad sigue abierto.
