Discapacidad: crece la preocupación por el financiamiento mientras el Congreso debate un nuevo régimen
Organizaciones y prestadores advierten que la emergencia en discapacidad todavía no está superada. Mientras el Gobierno impulsa un nuevo régimen permanente, entidades del sector reclaman garantizar recursos para las prestaciones y cuestionan modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027.
La situación de las personas con discapacidad volvió a ocupar el centro de la agenda legislativa nacional. A pocos meses del vencimiento de la emergencia vigente, organizaciones, instituciones y prestadores del sector advierten que las dificultades económicas que motivaron su declaración todavía persisten.
El debate se desarrolla mientras el Gobierno nacional impulsa un proyecto destinado a reemplazar la actual Ley de Emergencia en Discapacidad por un régimen de carácter permanente. La iniciativa oficial obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados el 23 de septiembre y es presentada por el oficialismo como una alternativa destinada a dar continuidad y previsibilidad al sistema.
Sin embargo, las organizaciones vinculadas a la discapacidad plantean una mirada diferente. La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), junto con entidades de otras provincias, reclamó modificaciones al proyecto y sostuvo que la emergencia continúa debido al deterioro de las prestaciones y las dificultades para sostener económicamente los servicios.
Prestadores en alerta
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el financiamiento.
Las instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad vienen denunciando dificultades para afrontar los costos de funcionamiento, atrasos en los pagos y un deterioro de los valores de las prestaciones.
Desde las organizaciones sostienen que cualquier modificación legislativa debería contemplar una actualización suficiente de los aranceles y mecanismos que permitan garantizar la continuidad de los servicios.
En ese sentido, la presidenta de Apridis, Mariel Chapero, afirmó que el nuevo proyecto oficial no puede considerarse una solución mientras persistan las dificultades que atraviesan las instituciones. El reclamo fue acompañado por organizaciones de distintos puntos del país.
El Presupuesto 2027, otro foco de conflicto
La discusión también quedó vinculada al proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo.
Distintos artículos de la iniciativa modifican disposiciones relacionadas con las prestaciones y las pensiones por discapacidad. Entre los cambios cuestionados aparece la eliminación de mecanismos establecidos por la legislación vigente.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación es la modificación de la compatibilidad entre las pensiones no contributivas y determinados ingresos laborales. También se plantean cambios en el esquema de financiamiento y actualización de las prestaciones.
Para las organizaciones, estas modificaciones podrían profundizar las dificultades económicas que ya atraviesa el sector.
El debate también generó reparos entre algunos bloques que acompañaron al oficialismo en comisión. Diputados aliados reclamaron que el Gobierno precise cuáles serán las partidas destinadas a financiar el nuevo esquema y cuestionaron que el Presupuesto no garantice claramente los recursos necesarios.
Una ley que atravesó un fuerte conflicto político
La actual Ley 27.793 fue sancionada en 2025 luego de que el Congreso insistiera frente al veto presidencial. Posteriormente, el Poder Ejecutivo promulgó la norma, aunque inicialmente suspendió su aplicación argumentando la necesidad de determinar las fuentes de financiamiento.
La situación derivó además en una disputa judicial. En enero de 2026, la Justicia ordenó al Gobierno avanzar con la implementación de la normativa y estableció un plazo para que las distintas disposiciones fueran puestas en funcionamiento.
Ese antecedente vuelve a aparecer ahora en el debate legislativo, ya que la discusión no pasa solamente por prorrogar la emergencia sino por definir qué esquema reemplazará a la legislación vigente y, fundamentalmente, con qué recursos será financiado.
Dos propuestas en discusión
Actualmente existen dos caminos en debate dentro de Diputados.
Por un lado, sectores de la oposición impulsan la continuidad de la Emergencia Nacional en Discapacidad, con una prórroga que permita sostener las herramientas contempladas por la Ley 27.793.
Por otro, el oficialismo busca avanzar con un régimen permanente que reemplazaría la emergencia y mantendría algunas de sus herramientas, aunque con modificaciones en materia de pensiones, prestaciones y actualización de aranceles.
Las organizaciones reclaman que cualquier nueva legislación sea discutida con participación de las personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones especializadas.
La discusión por los recursos
El punto que atraviesa todo el debate es el financiamiento.
La experiencia de los últimos meses mostró que la sanción de una norma no necesariamente garantiza por sí misma el funcionamiento del sistema si no existen partidas presupuestarias suficientes para sostenerla.
Por eso, mientras el Congreso avanza con el tratamiento de las distintas iniciativas, las organizaciones del sector insisten en que la emergencia no puede considerarse terminada mientras continúen los problemas económicos que afectan a las instituciones y a las personas que dependen de las prestaciones.
La discusión legislativa definirá así algo más que el futuro de una ley: determinará qué nivel de protección y qué recursos tendrá el sistema de discapacidad durante los próximos años.
