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Reforma electoral: el dinero le gano al voto

Por Redacción Metropolitano Online

Reforma electoral: el dinero le gano al voto

El Gobierno de Javier Milei impulsa cambios en las reglas electorales que pueden transformar el funcionamiento de la democracia argentina. La eliminación de las PASO, la reducción del financiamiento público y la ampliación de los aportes privados abren un debate de fondo: ¿puede existir una competencia electoral verdaderamente igualitaria cuando los recursos económicos determinan quién tiene más posibilidades de llegar a la ciudadanía?

La reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso va mucho más allá de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Detrás de la discusión sobre el costo de las elecciones y la reorganización del sistema político aparece una transformación de mayor alcance: modificar las condiciones económicas bajo las cuales los partidos compiten por el voto popular.

El proyecto oficial propone reducir la intervención del Estado en el financiamiento de las campañas, ampliar considerablemente los márgenes de aportes privados, eliminar los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión y modificar las reglas de competencia entre las fuerzas políticas.

La iniciativa comenzó a debatirse en el Senado y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y especialistas electorales. La preocupación central no es solamente quién puede competir, sino en qué condiciones lo hace.

Porque cuando el financiamiento público pierde peso y el privado gana protagonismo, la capacidad económica de los candidatos y de los sectores que los respaldan puede convertirse en un factor determinante para definir quién tiene mayor visibilidad y posibilidades de disputar el poder.

Campañas electorales: más dinero privado, menos igualdad

Uno de los capítulos más controvertidos de la reforma es el financiamiento partidario.

El proyecto original del Ejecutivo plantea eliminar los aportes estatales destinados específicamente a las campañas electorales y suprimir la obligación de los medios audiovisuales de ceder espacios gratuitos para la publicidad política.

Al mismo tiempo, propone elevar del 2% al 35% el límite de los aportes privados en relación con el gasto permitido para cada fuerza política y eliminar los topes máximos de gastos electorales.

El cambio no es menor. En el esquema vigente, el Estado participa del sostenimiento económico de las campañas para evitar que la competencia quede exclusivamente condicionada por la capacidad de recaudar fondos privados.

Con la modificación propuesta, los partidos dependerían en mayor medida de empresarios, grandes donantes y sectores económicos con capacidad para financiar campañas de alto costo.

El interrogante es inevitable: ¿qué posibilidades tendrá una fuerza política pequeña, una expresión provincial o un espacio que representa a sectores populares frente a candidatos respaldados por grandes grupos económicos?

La igualdad formal ante las urnas podría convivir con una desigualdad material cada vez más profunda durante la campaña.

El fin de las PASO y las dificultades para competir

La eliminación de las primarias constituye otro de los ejes centrales de la iniciativa.

El Gobierno sostiene que las PASO representan un gasto innecesario para el Estado y que las internas deben resolverse dentro de cada partido político.

Sin embargo, el sistema también funcionaba como una instancia institucional para que la ciudadanía participara en la selección de candidaturas, especialmente cuando existían diferentes sectores dentro de una misma fuerza.

Sin esa herramienta, las organizaciones políticas deberán afrontar por sus propios medios la organización de sus internas o encontrar mecanismos de negociación para definir sus postulantes.

Esto puede favorecer a las estructuras que cuentan con mayores recursos económicos, organización territorial y capacidad de negociación. También puede complicar la construcción de alternativas competitivas en espacios políticos atravesados por diferencias internas.

En particular, la discusión tiene consecuencias para el peronismo, que enfrenta el desafío de construir una candidatura común y ordenar sus distintas expresiones de cara al próximo turno presidencial.

La reforma, además, contempla modificaciones en los requisitos para constituir y mantener partidos políticos, con mayores exigencias de afiliación, presencia territorial y representación electoral. Esto podría dificultar la supervivencia de fuerzas pequeñas o emergentes.

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La publicidad política también se convierte en un privilegio

Otro aspecto relevante es la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión.

En un escenario donde las redes sociales y las plataformas digitales concentran buena parte de la comunicación política, la posibilidad de contratar publicidad, producir contenidos profesionales y sostener campañas permanentes representa una ventaja considerable.

No todos los candidatos tienen acceso a los mismos recursos. Mientras algunos pueden invertir millones en publicidad digital, equipos de comunicación, consultoras y producción audiovisual, otros dependen de la militancia, la difusión orgánica y los espacios institucionales disponibles.

La reforma también abre la posibilidad de realizar publicidad electoral en plataformas digitales durante la jornada de votación, al modificar las restricciones vinculadas con la veda y la jornada de reflexión.

El resultado puede ser una campaña cada vez más condicionada por la capacidad de inversión y por el control de los canales de difusión.

En ese contexto, la discusión sobre la libertad de expresión no puede separarse de otra pregunta: quiénes tienen los recursos necesarios para hacer escuchar su voz.

El riesgo de que los intereses económicos condicionen la política

La ampliación del financiamiento privado también reabre una discusión histórica sobre la relación entre el poder económico y el poder político.

Los aportes empresariales y las grandes donaciones pueden generar relaciones de dependencia, compromisos políticos y expectativas de beneficios futuros. Aunque existan mecanismos de control y restricciones para determinados aportantes, la transparencia no resuelve por sí sola el problema de la desigualdad en la competencia.

El exdirector nacional electoral Alejandro Tullio advirtió sobre los riesgos que implica permitir que terceros financien actividades de campaña, al señalar la posibilidad de que ingresen recursos de origen dudoso o delictivo a través de esos mecanismos.

La preocupación adquiere una dimensión adicional en un país donde el financiamiento de la política ya estuvo atravesado por denuncias, investigaciones judiciales y cuestionamientos sobre la procedencia de determinados fondos.

La democracia necesita partidos independientes de los intereses particulares. Si la supervivencia de una fuerza política depende cada vez más de su capacidad para conseguir grandes aportantes, la representación ciudadana corre el riesgo de quedar subordinada a quienes tienen mayor poder económico.

Una reforma que necesita un debate democrático profundo

El oficialismo presenta la iniciativa como una modernización del sistema electoral y una reducción del gasto político. Sin embargo, el debate no debería limitarse a cuánto cuesta organizar una elección o cuántos recursos destina el Estado a los partidos.

La Constitución Nacional, en su artículo 38, reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y establece que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes.

Ese principio no es un privilegio de la dirigencia política. Es una herramienta institucional para garantizar que la competencia electoral no dependa exclusivamente de la riqueza de cada candidato o de los intereses de quienes pueden financiarlo.

La discusión sobre las PASO, la publicidad electoral y los mecanismos de financiamiento merece una evaluación seria. Pero cambiar las reglas en medio de las disputas políticas también exige garantías, consensos y controles independientes.

Una democracia no se fortalece simplemente reduciendo la participación del Estado. Se fortalece cuando amplía las posibilidades de participación, garantiza condiciones equitativas y evita que los intereses económicos se apropien de las decisiones públicas.

El voto debe seguir siendo la herramienta que define quién gobierna y representa a la sociedad. Si el dinero comienza a determinar quién puede competir, quién puede hacerse escuchar y quién tiene posibilidades reales de ganar, el problema deja de ser una reforma electoral: se convierte en una discusión sobre la calidad misma de nuestra democracia.

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