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Azul irá a la Justicia por la Reserva Boca de las Sierras

Por Redacción Metropolitano Online

Azul irá a la Justicia por la Reserva Boca de las Sierras

El Municipio y distintos sectores de la comunidad buscan frenar la decisión del Gobierno nacional de cerrar el acceso público al área natural. El conflicto se vincula con Fabricaciones Militares, la no renovación del contrato del refugio y el proceso de privatización de la empresa estatal.

La ciudad de Azul se prepara para dar la pelea judicial contra el Gobierno de Javier Milei por el futuro de la Reserva Natural Boca de las Sierras. El conflicto se profundizó luego de que Fabricaciones Militares comunicara que no renovará el acuerdo que permite el funcionamiento del Refugio Boca de las Sierras, considerado el único acceso regulado al área protegida.

El intendente Nelson Sombra, junto con representantes institucionales, universitarios, legislativos, turísticos y comerciales, comenzó a coordinar una estrategia para impedir que se restrinja el ingreso de la población a un espacio de 541 hectáreas que cuenta con protección provincial y constituye uno de los principales patrimonios ambientales y culturales del distrito.

La preocupación local se concentra en una decisión que, según los sectores involucrados, podría dejar sin acceso público regular a la reserva y afectar actividades educativas, científicas, recreativas y turísticas que se desarrollan desde hace más de dos décadas.

El refugio, en el centro del conflicto

El Refugio Boca de las Sierras funciona desde hace aproximadamente 20 años y es administrado por Gustavo Ridao. A lo largo de ese período, el espacio permitió organizar caminatas guiadas, campamentos, visitas escolares, recorridas turísticas e investigaciones académicas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa de la Nación comunicaron que el acuerdo de uso y acceso al inmueble no continuará. La explicación transmitida estuvo vinculada con la supuesta incompatibilidad entre la circulación de visitantes y las actividades militares que se realizan en el área.

El argumento genera cuestionamientos en Azul. Los senderos y recorridos utilizados fueron acordados históricamente bajo supervisión de personal de Fanazul, la planta de Fabricaciones Militares dedicada a la producción de explosivos y municiones que funciona en el partido.

La continuidad del refugio resulta determinante porque no existe otro ingreso público regulado a la reserva. Su cierre podría dejar sin acceso organizado a visitantes, estudiantes, investigadores y prestadores turísticos.

La privatización de Fabricaciones Militares y la preocupación local

El conflicto se produce mientras el Gobierno nacional avanza con un proceso de licitaciones e incorporación de capitales privados en Fabricaciones Militares. La situación alimenta las preocupaciones de los trabajadores y de distintos sectores de Azul sobre el futuro de las instalaciones y los terrenos vinculados a la empresa.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificaron ese proceso como una privatización encubierta. En ese marco, la comunidad teme que las decisiones sobre el predio terminen restringiendo el uso público de un espacio que tiene un reconocimiento ambiental, histórico y cultural.

La discusión excede, por lo tanto, la continuidad de un contrato particular. Lo que está en juego es el acceso a un territorio protegido y la relación entre la jurisdicción nacional sobre las tierras y las normas provinciales y municipales que reconocen su valor ambiental.

Un área protegida por ley provincial

La Reserva Natural de Objetivo Mixto Boca de las Sierras fue declarada mediante la Ley Provincial N.º 12.781, sancionada en 2001. La protección comprende unas 541 hectáreas ubicadas en el paraje Boca de las Sierras, a la vera de la Ruta Provincial 80.

Un año después, el Concejo Deliberante de Azul aprobó la Ordenanza N.º 1.977, que dejó asentado el interés de la comunidad por preservar el espacio. También se firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica con la Administración de Parques Nacionales para avanzar en un plan de manejo.

En 2021, el Concejo Deliberante volvió a pronunciarse mediante la Resolución N.º 4.535, con el objetivo de gestionar ante el Ministerio de Defensa la cesión, el comodato o la incorporación del predio a la figura de Reserva Natural de Defensa.

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Uno de los puntos de mayor relevancia es el patrimonio arqueológico conocido como Corral Indio, protegido por la Ley Nacional N.º 25.743. El área también contiene ambientes naturales de interés por su biodiversidad, características geológicas e hidrológicas y posibilidades para la investigación científica.

El Concejo Deliberante pidió avanzar judicialmente

El Concejo Deliberante de Azul aprobó una resolución que expresa preocupación y rechazo ante la posibilidad de que se restrinja o impida el acceso de la población civil al sector del refugio.

Además de solicitar informes al Ministerio de Defensa, los concejales instaron al intendente a iniciar las acciones judiciales correspondientes para prevenir posibles daños ambientales relacionados con las prácticas operativas y maniobras militares terrestres y aéreas en el área natural protegida.

El planteo se apoya en el derecho a un ambiente sano y en la protección del patrimonio natural y cultural, reconocidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución bonaerense.

La resolución también pone en discusión la necesidad de compatibilizar las actividades de defensa nacional con la preservación ambiental y el acceso regulado a la reserva.

Sombra convocó a una estrategia común

El intendente Nelson Sombra encabezó una reunión interinstitucional para coordinar una respuesta frente a la situación. Participaron representantes del Concejo Deliberante, funcionarios municipales, autoridades educativas, integrantes de la UNICEN, referentes del sector turístico, comerciantes, prestadores y profesionales vinculados con el área.

Entre los participantes estuvieron el decano de la Facultad de Derecho de la UNICEN, Ezequiel Valicenti; la vicedecana de Agronomía, Karina Block; el titular del refugio, Gustavo Ridao; representantes del sector turístico y autoridades legislativas y municipales.

En el encuentro se acordó impulsar una campaña de firmas, promover una petición ciudadana y organizar una actividad pública para visibilizar el conflicto. La convocatoria fue prevista para el 23 de noviembre.

La intención es construir una posición común que reúna a distintos sectores de la ciudad y respalde las acciones institucionales y judiciales que se definan.

Una disputa que excede a Azul

El caso de Boca de las Sierras abre un debate sobre la administración de los bienes públicos, la protección de las áreas naturales y los límites de las decisiones del Estado nacional cuando afectan espacios reconocidos por normas provinciales y municipales.

Para Azul, el riesgo no se reduce a perder un atractivo turístico. La posible interrupción del acceso comprometería actividades educativas, investigaciones científicas, prácticas deportivas y la preservación de un patrimonio arqueológico y ambiental que forma parte de la identidad local.

Mientras el Gobierno nacional sostiene que existen razones operativas y de seguridad para restringir la circulación civil, el Municipio y las instituciones de la comunidad buscan que esa decisión sea revisada y que se garantice la continuidad del acceso regulado.

La disputa llegará ahora al terreno judicial. El desafío será determinar cómo se compatibilizan las competencias nacionales sobre el predio con la legislación ambiental vigente y los derechos de la comunidad a preservar y disfrutar de su patrimonio natural.

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