Ley de Discapacidad: Bullrich busca su aprobación en el Senado
La discusión por las políticas de discapacidad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Congreso. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, aseguró que el oficialismo está preparado para avanzar con la sanción de la Ley de Discapacidad y anticipó que el proyecto será tratado en la sesión prevista para el jueves 19 de noviembre.
«Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando», expresó la senadora a través de sus redes sociales.
Bullrich también sostuvo que el país debe construirse sin dejar sectores afuera y destacó los acuerdos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas para avanzar con la iniciativa.
El pronunciamiento llega después de que el proyecto obtuviera dictamen favorable el pasado 4 de noviembre, sin modificaciones respecto del texto aprobado por la Cámara de Diputados. La iniciativa reunió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 22 de octubre, con un respaldo parlamentario prácticamente unánime, y propone establecer un marco normativo permanente para garantizar derechos y prestaciones a las personas con discapacidad.
Entre sus principales puntos contempla:
- Pensiones no contributivas: establece la compatibilidad de la pensión por discapacidad con el empleo formal.
- Compatibilidad con otros programas: permite percibir la prestación junto con beneficios sociales como la AUH por hijo con discapacidad.
- Incluir Salud: garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas y contempla las partidas presupuestarias necesarias.
- Financiamiento: establece que los recursos destinados a estas políticas no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
- Participación federal: incorpora al Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de futuras políticas públicas.
- Revisión de beneficios: establece mecanismos de notificación y un plazo de 60 días para presentar descargos ante eventuales suspensiones.
Uno de los aspectos centrales de la negociación parlamentaria fue precisamente el financiamiento. Los bloques que acompañaron la iniciativa reclamaron garantías presupuestarias para evitar que el reconocimiento de derechos quedara limitado a una declaración formal.
Bullrich marca diferencias con la Casa Rosada
El avance del proyecto también tiene una lectura política. La decisión de Bullrich de sostener el texto consensuado en Diputados y conseguir dictamen sin modificaciones dejó expuestas diferencias con sectores del Gobierno nacional que pretendían introducir cambios en la iniciativa.
La jefa de la bancada libertaria priorizó los acuerdos construidos con la oposición dialoguista y los bloques provinciales, una estrategia que le permitió reunir los respaldos necesarios para llevar el proyecto al recinto.
El movimiento se produce, además, en un contexto de tensiones políticas entre Bullrich y la conducción de La Libertad Avanza, encabezada por Javier Milei y Karina Milei. Sus recientes posicionamientos públicos y sus gestos de autonomía alimentaron las especulaciones sobre su lugar dentro del oficialismo y sus proyecciones políticas hacia 2027.
La discapacidad, nuevamente en el centro del debate político
El tratamiento de la ley también adquiere relevancia después de la visita del papa León XIV a la Argentina, durante la cual la problemática de la discapacidad tuvo un lugar destacado en su agenda, incluida su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.
Mientras tanto, organizaciones, prestadores, trabajadores y familias continúan reclamando respuestas frente a las dificultades del sistema de prestaciones, la situación de los aranceles y las pensiones.
La próxima sesión del Senado será determinante para establecer si el proyecto consigue convertirse en ley. Después de meses de controversias, negociaciones y reclamos, el Congreso tendrá la oportunidad de definir un marco de protección permanente para uno de los sectores que más ha reclamado respuestas al Estado.
La expectativa está puesta ahora en el recinto y en la capacidad de los distintos bloques para sostener el consenso que permitió avanzar con la iniciativa en ambas cámaras.
