Salud mental: el Senado aprobó cambios en las internaciones involuntarias
La reforma impulsada por el Gobierno obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos y ahora deberá ser tratada por Diputados. El proyecto modifica los criterios para disponer internaciones sin consentimiento, redefine la participación de los profesionales y amplía el abordaje de las adicciones. Aunque mantiene la prohibición de los manicomios, abre un debate sobre las garantías de los pacientes y el financiamiento del sistema.
El Senado de la Nación dio media sanción durante la madrugada de este viernes a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei fue aprobada en general por 42 votos a favor y 21 en contra, y ahora será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
La modificación introduce cambios importantes en el funcionamiento del sistema de atención, especialmente en los procedimientos para disponer internaciones involuntarias, la conformación de los equipos profesionales y el abordaje de los consumos problemáticos.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de que un médico pueda indicar una internación sin el consentimiento de la persona cuando exista un riesgo grave para su vida o su integridad física, o para la de terceros. La medida deberá tener carácter excepcional y estar justificada por una evaluación profesional.
El debate parlamentario estuvo atravesado por cuestionamientos sobre las garantías de los pacientes, la disponibilidad de establecimientos y el financiamiento que necesitarán las provincias para implementar los cambios.
Internaciones involuntarias: qué cambia con la reforma
La nueva redacción modifica los criterios y procedimientos establecidos por la legislación vigente desde 2010.
El proyecto establece que la internación involuntaria podrá realizarse cuando no sean posibles otros abordajes terapéuticos y exista una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
Entre los principales cambios se encuentran:
- Intervención médica: la internación podrá ser indicada por un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental.
- Evaluación interdisciplinaria: deberá participar un segundo profesional, que tendrá que ser psicólogo.
- Emergencias: en situaciones excepcionales, un solo médico podrá disponer la internación. La decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas.
- Control judicial: la internación deberá ser comunicada a la Justicia para su supervisión.
- Plan de egreso: desde el diagnóstico deberá contemplarse un plan que establezca objetivos, seguimiento y condiciones para la salida del establecimiento.
- Atención alternativa: se mantienen los abordajes ambulatorios y comunitarios como opciones prioritarias cuando resulten posibles.
La reforma busca ampliar las herramientas de intervención ante situaciones consideradas graves. Sin embargo, el alcance de esos mecanismos y las condiciones materiales para aplicarlos serán parte de la discusión que continuará en Diputados.
El rol de psicólogos y psiquiatras: una de las principales disputas
Otro de los puntos más discutidos fue la integración de los equipos encargados de evaluar las internaciones y las altas médicas.
El proyecto original del Poder Ejecutivo otorgaba un papel central a los psiquiatras. Esa propuesta generó cuestionamientos de profesionales, universidades y gobiernos provinciales, que reclamaron preservar la participación interdisciplinaria.
Tras las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich con los bloques aliados, el texto fue modificado. La redacción aprobada establece la intervención de un médico —preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental— y un segundo profesional que deberá ser psicólogo.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza defendió la participación de ambas disciplinas y sostuvo que no deben plantearse como miradas enfrentadas.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, afirmó Bullrich durante el debate.
Las modificaciones permitieron acercar posiciones con sectores que condicionaban su respaldo a que los psicólogos conservaran un papel concreto en las decisiones clínicas.
La discusión por los recursos: ¿quién financiará la reforma?
El financiamiento fue otro de los principales obstáculos para conseguir los votos necesarios.
Los gobiernos provinciales advirtieron que ampliar las responsabilidades del sistema de salud mental sin garantizar recursos podría trasladarles nuevas obligaciones sin contar con infraestructura, profesionales y dispositivos suficientes.
El senador Guillermo Andrada cuestionó la falta de presupuesto y sostuvo que la ley vigente no había fracasado por sus principios, sino por la falta de recursos para implementarla.
En la misma línea, Gerardo Zamora advirtió sobre la necesidad de establecer cómo se financiarán las nuevas responsabilidades que recaerán sobre las provincias.
Frente a esos cuestionamientos, el oficialismo incorporó una redacción que establece la cooperación técnica, económica y financiera entre Nación y las jurisdicciones. También contempla convenios bilaterales y coordinación en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Sin embargo, la implementación efectiva dependerá de los recursos presupuestarios y de los acuerdos que se establezcan entre las distintas administraciones.
La discusión resulta central: sin centros de atención, profesionales y dispositivos comunitarios, ampliar las posibilidades de internación no garantiza por sí mismo una respuesta integral para las personas con padecimientos de salud mental.
Adicciones, ludopatía y nuevas modalidades de atención
La iniciativa también amplía el concepto de adicciones y consumos problemáticos, incorporando situaciones como la ludopatía.
El cambio busca contemplar nuevas problemáticas vinculadas con las apuestas y otras conductas adictivas que requieren atención sanitaria.
Además, el texto incorpora disposiciones específicas para niñas, niños y adolescentes. Establece que deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil, reconoce su autonomía progresiva y contempla su derecho a ser escuchados y a la confidencialidad.
En caso de que deban ser internados en unidades destinadas a adultos, la medida deberá responder a una imposibilidad acreditada de utilizar otro dispositivo y mantenerse durante el tiempo mínimo indispensable.
También se recupera un catálogo de modalidades de atención, entre ellas:
- Atención ambulatoria y domiciliaria.
- Casas de convivencia.
- Hospitales de día.
- Centros de capacitación sociolaboral.
- Dispositivos comunitarios de acompañamiento.
El proyecto contempla, además, la posibilidad de que las personas establezcan anticipadamente sus preferencias sobre tratamientos y designen a quienes podrán expresar su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo, con excepciones ante situaciones de riesgo grave para la vida.
¿Vuelven los manicomios? Qué dice el texto aprobado
Uno de los puntos que generó mayor debate fue el futuro de los hospitales psiquiátricos especializados y la posibilidad de que la reforma habilitara un regreso al modelo manicomial.
En el texto aprobado se mantiene la prohibición de crear manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales. El oficialismo defendió, sin embargo, la posibilidad de contar con hospitales especializados que permitan atender determinadas situaciones clínicas.
La distinción es importante: la reforma no elimina expresamente la prohibición establecida por la Ley 26.657, aunque sí modifica aspectos de la organización y los dispositivos de atención.
El debate sobre este punto continuará en Diputados, donde se analizará el alcance de las nuevas disposiciones y su relación con el modelo comunitario establecido por la legislación vigente.
Una votación dividida y un proyecto que ahora llega a Diputados
La reforma fue aprobada con 42 votos afirmativos y 21 negativos. Acompañaron el dictamen La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. El rechazo reunió votos del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal.
El resultado fue posible luego de negociaciones y modificaciones al proyecto original, especialmente en dos cuestiones: la participación de los psicólogos en las decisiones clínicas y el compromiso de financiamiento nacional para las provincias.
La aprobación representa un avance legislativo para el Gobierno, pero todavía no convierte la reforma en ley. La Cámara de Diputados deberá analizar el texto, discutir sus disposiciones y decidir si lo aprueba, modifica o rechaza.
El desafío: garantizar derechos y una atención efectiva
La discusión sobre la Ley de Salud Mental no se limita a los procedimientos de internación. Involucra el modelo de atención, la protección de los derechos de las personas, el acompañamiento familiar y la responsabilidad del Estado para garantizar tratamientos adecuados.
La posibilidad de intervenir ante situaciones de riesgo grave plantea la necesidad de contar con herramientas clínicas y protocolos claros. Al mismo tiempo, cualquier ampliación de las internaciones involuntarias exige controles, evaluaciones profesionales y garantías para evitar decisiones arbitrarias.
La otra cuestión fundamental es el financiamiento. Sin inversión sostenida en hospitales, centros comunitarios, equipos interdisciplinarios y dispositivos de acompañamiento, los cambios normativos pueden quedar limitados a una modificación de procedimientos.
Con la media sanción del Senado, el debate pasa ahora a Diputados. Allí se pondrá nuevamente en discusión qué sistema de salud mental necesita la Argentina y cuáles son las condiciones necesarias para garantizar atención, dignidad y derechos a quienes atraviesan padecimientos psíquicos.
