Ley de Discapacidad: LLA acordó con el PJ y desafió al Gobierno
Patricia Bullrich avanzó con el dictamen en el Senado sin incorporar las modificaciones que había enviado el Poder Ejecutivo. El acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo permitió trasladar al Senado el consenso alcanzado en Diputados. El proyecto se tratará el 19 de noviembre y busca garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar aranceles y saldar deudas con los prestadores.
La nueva Ley de Discapacidad quedó un paso más cerca de su sanción definitiva. En una negociación que volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo, La Libertad Avanza y el bloque Justicialista acordaron avanzar con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y firmaron el dictamen de mayoría en el Senado.
La decisión tuvo un dato político central: Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, no aceptó las modificaciones que había enviado la Casa Rosada para introducir cambios en el texto. Según reconstruyó Letra P, el Poder Ejecutivo le hizo llegar un borrador con correcciones, pero la senadora decidió avanzar con la iniciativa tal como había llegado de Diputados.
«Va a salir como viene. Es un debate terminado», habría respondido Bullrich ante el planteo oficial, de acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por ese medio.
El dictamen se firmó el miércoles 4 de noviembre durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista.
La intención es llevar el proyecto al recinto el próximo 19 de noviembre. Por lo tanto, todavía no es ley: resta la votación del Senado para completar el trámite parlamentario.
Un acuerdo que dejó expuestas las diferencias en el Gobierno
La negociación representa un nuevo episodio de las tensiones entre el Congreso y la Casa Rosada. El oficialismo había conseguido en Diputados aprobar una iniciativa propia, pero para reunir los votos tuvo que incorporar modificaciones reclamadas por distintos bloques opositores y sectores provinciales.
El texto obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El respaldo incluyó a casi todo Unión por la Patria, además de bloques provinciales y otros espacios políticos.
En el Senado, la negociación continuó sobre esa base. Bullrich defendió el acuerdo y sostuvo que el Congreso debía encontrar una salida que garantizara la continuidad de las prestaciones y las pensiones. También reclamó mejorar los mecanismos de auditoría y control para evitar irregularidades.
La postura contrastó con las objeciones que llegaron desde el Ejecutivo, especialmente desde el área de Salud, que planteaba introducir modificaciones al texto consensuado.
La discusión también dejó diferencias respecto de la administración de los recursos y el funcionamiento del sistema. Mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal, los bloques que acompañaron el dictamen plantean que la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de las obligaciones con los beneficiarios y prestadores deben quedar garantizados por ley.
Qué establece el proyecto
La iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente para el sistema de discapacidad. Entre sus principales puntos se encuentran:
- Actualización de aranceles: establece mecanismos de actualización mensual vinculados a la inflación para los valores del nomenclador de prestaciones.
- Continuidad de las pensiones: mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Compatibilidad con el empleo: permite que las personas beneficiarias puedan trabajar y conservar la pensión cuando sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
- Cobertura de prestaciones: establece garantías para sostener la atención y los servicios, incluidos los vinculados con Incluir Salud.
- Deuda con prestadores: fija un plazo de hasta 30 días para notificar el cronograma de reconocimiento de las compensaciones pendientes y un máximo de 90 días para completar los pagos, una vez cumplidos los trámites correspondientes.
Uno de los aspectos centrales es que los requisitos para acceder a las pensiones quedan incorporados en el propio texto legal y no dependen exclusivamente de futuras reglamentaciones del Poder Ejecutivo. También se establecen condiciones para las auditorías y eventuales suspensiones de beneficios.
La única disidencia y el reclamo por mayores garantías
En el plenario de comisiones, la única disidencia fue presentada por la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien cuestionó el proyecto y reclamó modificaciones. Entre sus planteos estuvo la necesidad de establecer una vigencia de tres años para la norma.
El senador Carlos Linares, por su parte, retiró su propio proyecto para prorrogar la emergencia en discapacidad y decidió acompañar el texto consensuado, aunque aclaró que no representaba la solución ideal.
La discusión refleja las dificultades para alcanzar una respuesta legislativa que contemple tanto las demandas de las personas con discapacidad y sus familias como las de los prestadores, que vienen advirtiendo sobre el deterioro de los aranceles y las demoras en los pagos.
El reclamo del sector y la disputa por el financiamiento
El debate legislativo se desarrolla después de meses de movilizaciones y reclamos de organizaciones de discapacidad, familias, profesionales e instituciones. La emergencia había sido prorrogada ante la crisis del sistema, pero las entidades denunciaron que las medidas adoptadas no alcanzaron para resolver los problemas de financiamiento.
El proyecto que ahora espera tratamiento en el Senado busca dar una respuesta de mayor alcance y evitar que el vencimiento de la emergencia, previsto para el 31 de diciembre, deje al sector sin un marco de garantías.
La discusión presupuestaria sigue siendo uno de los puntos sensibles. El Gobierno había objetado el costo de las medidas, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal adicional de la iniciativa no superaría el 0,04% del PBI.
El acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo permitió avanzar con el dictamen pese a las objeciones de la Casa Rosada. La votación del 19 de noviembre será el próximo capítulo de una disputa que ya excede las diferencias parlamentarias: pone en discusión el financiamiento de las prestaciones, la responsabilidad del Estado y las garantías para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
