El Congreso, entre el Presupuesto, Malvinas y las PASO
El Gobierno de Javier Milei acelera las negociaciones para conseguir avances legislativos en las últimas semanas de sesiones ordinarias. El Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma electoral que apunta a suspender las PASO concentran una agenda que excede lo parlamentario: expresa la búsqueda de respaldo político, el intento de ordenar el escenario electoral y la disputa por el modelo de país que pretende consolidar el oficialismo.
La recta final del calendario legislativo promete convertirse en una prueba de fuego para el Gobierno. Después de semanas atravesadas por la actividad internacional y la visita del papa León XIV, La Libertad Avanza vuelve a poner al Congreso en el centro de su estrategia. La Casa Rosada necesita resultados y pretende conseguirlos en un escenario donde los votos propios no alcanzan y los aliados comienzan a cotizar cada vez más caro.
El objetivo es ambicioso: avanzar con el Presupuesto 2027, obtener la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y reunir los apoyos necesarios para modificar las reglas electorales mediante la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
No se trata de tres expedientes aislados. En conjunto, las iniciativas muestran las prioridades políticas del oficialismo: sostener el programa económico, intervenir en el debate sobre la soberanía nacional y modificar las condiciones en las que se disputará el poder en 2027.
El Presupuesto, una negociación que expone las debilidades del Gobierno
El Presupuesto 2027 aparece como la principal batalla parlamentaria. El Gobierno necesita una herramienta que le permita proyectar su programa económico, pero también busca exhibir ante los mercados y los gobernadores que conserva capacidad para construir mayorías.
La fecha que se maneja para llevar el proyecto al recinto de Diputados es el 25 de noviembre, con la intención de conseguir dictamen previamente. Sin embargo, el camino está condicionado por las demandas de los bloques dialoguistas y las negociaciones con las provincias.
El PRO, la UCR y los espacios provinciales no parecen dispuestos a entregar sus votos sin contraprestaciones. Reclaman compromisos sobre recursos, transferencias, infraestructura y partidas presupuestarias. Los gobernadores, por su parte, saben que el oficialismo necesita sus legisladores y buscan convertir esa necesidad en capacidad de negociación.
La discusión también deja al descubierto una cuestión de fondo: el equilibrio fiscal que defiende Milei no resuelve por sí solo el debate sobre cómo se distribuyen los recursos, qué responsabilidades conserva el Estado nacional y qué sectores quedan relegados en la planificación económica.
El Presupuesto no es solamente una planilla de ingresos y gastos. Es una definición política sobre las prioridades de un país. Y allí se jugará buena parte de la discusión parlamentaria.
La Ley de Soberanía y una discusión que va más allá de Malvinas
Otro de los proyectos que el oficialismo pretende impulsar es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que el Gobierno presenta como una herramienta para proteger los intereses argentinos frente a posibles injerencias extranjeras.
El proyecto tiene un componente especialmente sensible: la cuestión Malvinas y la defensa de la integridad territorial. Sin embargo, el debate parlamentario se extendió hacia otros aspectos de su articulado, en particular por un capítulo que incorpora modificaciones electorales y penales vinculadas con la supuesta injerencia extranjera.
Ese apartado despertó objeciones de sectores de la oposición y de bloques que habitualmente acompañan al Gobierno. La diputada Karina Banfi, entre otras voces, cuestionó la redacción y reclamó que se elimine el capítulo por considerar que puede afectar la libertad de expresión.
La discusión obliga a separar dos cuestiones que no deberían confundirse: la legítima defensa de la soberanía nacional y el alcance de las herramientas que el Estado puede utilizar para intervenir sobre la circulación de información y las expresiones públicas.
Defender la soberanía es una política de Estado que requiere consensos amplios. Precisamente por eso, una iniciativa de semejante importancia no debería convertirse en una oportunidad para introducir modificaciones controvertidas sin un debate profundo y transparente.
Las PASO, el otro frente de la estrategia electoral
La reforma electoral completa el tablero. El oficialismo busca avanzar con la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, una medida que requiere construir acuerdos en el Senado y que ya genera movimientos dentro de las distintas fuerzas políticas.
Aunque el debate público suele hablar de eliminación de las primarias, el borrador que circula en el Senado contempla, según las versiones periodísticas, una suspensión limitada al proceso electoral de 2027. La diferencia no es menor: una suspensión transitoria no equivale a derogar definitivamente el sistema.
El argumento libertario se apoya en el costo económico de las primarias y en la necesidad de reducir gastos electorales. Pero detrás de esa explicación también existe una disputa política concreta: quién define las candidaturas, cómo se ordenan las internas partidarias y qué posibilidades tendrán las fuerzas políticas para resolver sus diferencias ante la sociedad.
La modificación podría beneficiar a los espacios que ya cuentan con liderazgos consolidados y estructuras verticales, mientras que otros partidos podrían perder una herramienta institucional para dirimir sus candidaturas.
La discusión tampoco está separada de la interna oficialista. Patricia Bullrich, al frente del bloque libertario en el Senado, deberá demostrar capacidad para ordenar voluntades y garantizar los votos que reclama la Casa Rosada. Las diferencias internas y las tensiones con otros sectores del Gobierno agregan incertidumbre a una negociación que necesita precisión parlamentaria.
Una agenda legislativa y una disputa por el poder
En el tramo final de noviembre, el Congreso será el escenario de una negociación que involucra mucho más que la aprobación de leyes. El oficialismo necesita mostrar fortaleza, los gobernadores buscan garantías para sus distritos y los bloques opositores intentan evitar que el Gobierno convierta su mayoría circunstancial en un cheque en blanco.
En paralelo, otros temas también reclaman atención parlamentaria. La Ley de Discapacidad y el proyecto para prevenir la ludopatía infantil forman parte de una agenda que interpela directamente a sectores de la sociedad y que no debería quedar relegada por las urgencias políticas del Ejecutivo.
La discusión sobre el Presupuesto, la soberanía y las reglas electorales exige responsabilidad institucional. No alcanza con reunir votos ni con acelerar los tiempos legislativos: cada iniciativa debe ser debatida en profundidad, con transparencia y con atención a sus consecuencias.
Milei quiere llegar a 2027 con un esquema económico y político fortalecido. Para eso necesita leyes, aliados y una oposición fragmentada. Pero el Congreso no debería funcionar como una escribanía de las urgencias del poder. Su responsabilidad es representar la pluralidad política y social de la Argentina.
La próxima quincena mostrará hasta dónde llega la capacidad de negociación del Gobierno y cuánto están dispuestos a conceder quienes hoy resultan indispensables para sus objetivos. La verdadera discusión no será solamente qué leyes consigue aprobar el oficialismo, sino qué país empieza a delinearse a partir de ellas.








