Sturzenegger lanzó retiros voluntarios
El Gobierno oficializó un nuevo régimen para trabajadores de la Administración Pública Nacional. La inscripción estará abierta durante noviembre y las autoridades de cada área deberán eliminar los puestos de quienes se adhieran, sin posibilidad de reemplazarlos. El Ejecutivo apunta a reducir la estructura estatal y profundizar el recorte del gasto público.
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional, una medida impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca profundizar la reducción de la planta estatal.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y establece que los trabajadores que se adhieran al régimen dejarán sus puestos bajo un esquema de compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los años de servicio y la situación previsional.
Uno de los puntos centrales de la norma es la obligación que tendrán las autoridades de cada jurisdicción: deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a los empleados que acepten el retiro voluntario. De esta manera, las vacantes no podrán utilizarse para incorporar nuevos trabajadores y la salida de personal se traducirá en una reducción efectiva de la estructura estatal.
El Gobierno estima que alrededor de 20.000 empleados podrían estar en condiciones de acceder al programa, que forma parte de la política de ajuste y reorganización de la administración pública nacional.
Cuándo comienza la inscripción y quiénes pueden adherirse
El período de inscripción se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por única vez de hasta 30 días corridos.
El régimen está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, siempre dentro de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada alcanzados por la norma.
La adhesión no implica una aceptación automática. Las autoridades competentes deberán evaluar cada solicitud y podrán rechazarla cuando la desvinculación afecte la prestación de servicios o por las condiciones previstas en el régimen.
El decreto establece que las jurisdicciones tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para expedirse. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese plazo, la solicitud se considerará rechazada.
Además, quienes se incorporen al programa no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
Cómo serán las compensaciones económicas
El plan contempla distintas modalidades de pago de acuerdo con la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios de cada trabajador.
Para quienes estén cerca de la edad jubilatoria, pero todavía no reúnan los aportes necesarios, se ofrece la posibilidad de percibir un pago mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, o bien optar por una gratificación única calculada sobre la antigüedad, con un límite establecido por la normativa.
Para quienes se encuentren próximos a jubilarse y ya cuenten con los aportes necesarios, el esquema contempla una compensación equivalente a un sueldo bruto por año de antigüedad, más un adicional de cinco remuneraciones.
En el caso de los trabajadores más jóvenes, la compensación también se calculará sobre la antigüedad, con topes de hasta 20 remuneraciones y adicionales que varían según los años de servicio.
Las condiciones concretas dependen del grupo al que pertenezca cada agente y de los requisitos establecidos en el decreto y su anexo.
La obligación de eliminar puestos y el impacto en cada organismo
La disposición que genera especial preocupación entre los trabajadores estatales es la eliminación obligatoria de los cargos de quienes acepten el retiro.
El artículo 3 del Decreto 1203/2026 establece que las jurisdicciones alcanzadas deberán adoptar las medidas necesarias para suprimir los cargos presupuestarios a partir del cese de la relación laboral.
En la práctica, esto significa que los puestos que queden vacantes por la adhesión al régimen no podrán cubrirse con nuevas incorporaciones. La medida busca que cada retiro produzca una reducción permanente de la dotación y del gasto asociado al empleo público.
La aplicación del programa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Qué trabajadores quedan excluidos
El régimen no alcanza a todos los empleados estatales. Está limitado a las categorías de personal y jurisdicciones expresamente incluidas en el decreto.
Entre las exclusiones figuran los trabajadores con contratos transitorios y distintos sectores específicos, como las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Servicio Exterior y otros organismos o dependencias no comprendidos en el alcance de la norma.
Tampoco podrán acceder quienes enfrenten determinados procesos penales o sumarios administrativos, estén en situación de disponibilidad o tengan una renuncia pendiente de aceptación. Los empleados que mantengan demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán cumplir las condiciones de desistimiento previstas en la reglamentación.
El régimen también establece restricciones para quienes ya hayan iniciado trámites jubilatorios o reúnan las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
El nuevo plan profundiza el ajuste sobre el empleo público
La decisión se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional para reducir la estructura del Estado y achicar el gasto público. Desde diciembre de 2023, la administración de Milei avanzó con despidos, no renovación de contratos, retiros y otras medidas de reducción de personal.
Según cifras oficiales difundidas por el propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación estatal se redujo en más de 74.000 personas, incluyendo la administración pública y empresas estatales. El nuevo programa podría ampliar esa cifra si alcanza el nivel de adhesión esperado por el Ejecutivo.
Desde el oficialismo, Sturzenegger defendió la iniciativa como una herramienta para mejorar la asignación de los recursos públicos y reducir el gasto. En cambio, sectores sindicales cuestionan el impacto de los recortes sobre el empleo, las condiciones laborales y la capacidad del Estado para garantizar sus servicios.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la medida y cuestionó el carácter de la convocatoria, al considerar que la política de retiros forma parte de una estrategia más amplia de reducción del empleo estatal.
Con la apertura de la inscripción prevista para noviembre, el alcance efectivo del programa dependerá de cuántos trabajadores decidan adherirse y de las evaluaciones que realicen las autoridades de cada organismo. Sin embargo, la obligación de eliminar los cargos vacantes deja en claro que el objetivo oficial no se limita a facilitar desvinculaciones, sino que apunta a reducir de manera permanente la estructura de la administración pública.
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