Piden la indagatoria de Gustavo Posse por presuntas irregularidades en un plan de viviendas sociales en San Isidro
Una causa judicial investiga el presunto desvío de fondos nacionales destinados a construir 250 viviendas en el barrio Martín y Omar. Una reciente declaración testimonial volvió a comprometer al exintendente, mientras la Municipalidad, ahora a cargo de Ramón Lanús, busca avanzar en el expediente.
El exintendente de San Isidro Gustavo Posse quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la ejecución de un plan de viviendas sociales financiado con fondos nacionales durante el gobierno de Néstor Kirchner. En el marco de la causa, solicitaron que sea citado a prestar declaración indagatoria, luego de que un exfuncionario municipal lo señalara como responsable de las principales decisiones políticas vinculadas con el proyecto.
El expediente analiza la ejecución del Plan Federal de Viviendas en el barrio Martín y Omar, donde estaba prevista la construcción de 250 casas. Sin embargo, las inspecciones y pericias incorporadas a la investigación determinaron que se concretaron alrededor de 41 viviendas consideradas técnicamente válidas, pese a que el proyecto recibió fondos y registró sucesivas modificaciones de costos.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por Marcela Durrieu, abogada y exconcejala de San Isidro, que cuestionó el destino de los recursos públicos y las diferencias entre las obras previstas y las efectivamente realizadas.
Un proyecto que terminó bajo investigación
El convenio entre el municipio y el entonces Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio De Vido, contemplaba la construcción de 250 viviendas en el plazo de un año. Las obras comenzaron en 2006 y fueron dadas por finalizadas en 2008, aunque la cantidad de unidades construidas quedó muy por debajo de la meta original.
Las pericias realizadas durante la investigación también detectaron sucesivas redeterminaciones de precios que más que duplicaron el valor inicial del contrato. Además, se presentaron certificados de obra durante un período que se extendió mucho más allá del plazo originalmente establecido.
En 2017, el fiscal federal Jorge Di Lello ya había solicitado la indagatoria de Posse y de otros involucrados. Sin embargo, esa convocatoria no llegó a concretarse en aquella etapa del expediente.
La investigación continuó durante los años siguientes, con inspecciones y estudios técnicos destinados a determinar cuántas viviendas se construyeron efectivamente y cómo se utilizaron los fondos asignados al programa.
La declaración de un exfuncionario volvió a impulsar la causa
El expediente tuvo un nuevo impulso luego de que la Municipalidad de San Isidro, bajo la gestión del actual intendente Ramón Lanús, consiguiera intervenir como querellante. Esa participación fue habilitada en marzo de 2026, según la información publicada sobre el caso.
En julio, Fernando Adrián Romero, quien se desempeñaba como subsecretario de Obras Públicas durante la ejecución del proyecto, prestó declaración indagatoria y apuntó a Posse como responsable de las decisiones políticas centrales relacionadas con el plan.
A partir de esos dichos, los abogados que representan los intereses vinculados a la investigación solicitaron que el exintendente sea citado a indagatoria. En su presentación, sostuvieron que Posse habría mantenido el control sobre las decisiones relevantes del proyecto, más allá de los cambios de funcionarios que se produjeron durante su desarrollo.
La solicitud deberá ser evaluada en el ámbito judicial. La existencia del pedido de indagatoria no implica, por sí misma, que se haya determinado la responsabilidad penal del exintendente.
El Concejo Deliberante también pidió explicaciones
La causa tuvo repercusiones en el Concejo Deliberante de San Isidro, donde se aprobó un proyecto impulsado por los bloques Primero San Isidro y Convocación por San Isidro para solicitar información al Ejecutivo municipal.
El pedido apunta a conocer las actuaciones realizadas por la comuna en el expediente, el estado de su participación judicial y la eventual existencia de un perjuicio patrimonial para el municipio, junto con su estimación económica.
La iniciativa fue aprobada por mayoría, con los votos del oficialismo local y sus aliados. Los concejales vinculados al possismo y los bloques peronistas votaron en contra.
Una causa con más de una década de recorrido
El caso vuelve a poner bajo análisis una obra pública ejecutada durante una de las gestiones de Posse al frente de San Isidro. La distancia entre las viviendas proyectadas y las construidas, las modificaciones de costos y las declaraciones incorporadas al expediente constituyen algunos de los principales elementos de la investigación.
Ahora, el avance de la causa dependerá de las decisiones que adopte la Justicia respecto de los pedidos de indagatoria y de las pruebas reunidas. Mientras tanto, el municipio busca determinar si existió un perjuicio para las arcas públicas y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
Por el momento, se trata de una investigación por presuntas irregularidades: la responsabilidad penal de los involucrados deberá ser establecida por la Justicia.
