Milei ya echó a más de 77 mil empleados del Estado
Un relevamiento del CEPA, elaborado sobre datos del INDEC, contabilizó 77.152 puestos de trabajo menos desde el inicio de la gestión libertaria. La caída equivale al 22,5% de la dotación estatal. Correo Argentino, ARCA, ANSES, CONICET y la ex Télam aparecen entre los organismos y empresas más afectados. El Gobierno, mientras tanto, busca profundizar el recorte con un nuevo programa de retiros voluntarios.
La política de ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el Estado nacional continúa dejando consecuencias sobre el empleo público. Desde el inicio de la actual gestión, la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades estatales se redujo en 77.152 puestos de trabajo, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de los datos oficiales del INDEC.
La cifra representa una caída del 22,5% de la planta de personal y permite dimensionar el alcance de la política de reducción del Estado que impulsa la administración libertaria desde diciembre de 2023.
El relevamiento toma como referencia la evolución del empleo público hasta septiembre de 2026. La reducción no se limitó a ministerios y dependencias administrativas: también alcanzó a empresas estatales, organismos descentralizados y áreas vinculadas con servicios públicos, investigación, comunicación y seguridad social.
El dato adquiere mayor relevancia porque el Gobierno anunció nuevos mecanismos de reducción de personal, con un programa de retiros voluntarios que podría sumar otras 20.000 bajas si alcanza el objetivo planteado por las autoridades.
Más de 77 mil puestos menos: dónde impactó el recorte
El informe del CEPA identifica a distintos organismos y empresas estatales entre los más afectados por la reducción de personal.
En términos absolutos, el Correo Argentino encabeza el listado de las empresas públicas, con 5.687 puestos menos. Le siguen la Operadora Ferroviaria, con 4.426; el Banco Nación, con 2.379; y Aerolíneas Argentinas, con 1.969.
En la Administración Pública Nacional, el impacto también se observa en organismos de importancia estratégica. ARCA registró 3.521 puestos menos, ANSES perdió 3.053 y el CONICET contabilizó una reducción de 2.971 trabajadores.
La situación de la ex Télam aparece entre las más significativas en términos proporcionales: el organismo perdió el 79,1% de su plantilla. También se registraron fuertes reducciones en Educar S.A., Contenidos Públicos y la Casa de Moneda.
Los números reflejan que la reducción de personal alcanzó tanto a las estructuras administrativas como a organismos vinculados con la producción científica, la comunicación pública, la seguridad social y los servicios estatales.
El Gobierno busca avanzar hacia los 100 mil puestos menos
Lejos de dar por concluido el proceso, la administración de Milei busca profundizar la reducción de la planta estatal.
A fines de octubre, el Ejecutivo presentó un nuevo programa de retiros voluntarios destinado a empleados de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de alcanzar otras 20.000 desvinculaciones.
La iniciativa se inscribe en la política de reorganización del Estado que conduce el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
Si se concretara la meta oficial, el recorte acumulado se acercaría a los 100.000 puestos de trabajo desde el inicio de la gestión libertaria.
Desde el Gobierno justifican estas medidas como parte de una estrategia para reducir el gasto público, eliminar estructuras consideradas innecesarias y alcanzar una administración más pequeña. Sin embargo, desde los sindicatos estatales cuestionan el impacto de las desvinculaciones y advierten sobre las consecuencias que la reducción de personal puede tener en el funcionamiento de los organismos y la prestación de servicios.
ATE y UPCN cuestionan el avance de la motosierra
Las organizaciones sindicales vienen denunciando el impacto de los recortes sobre los trabajadores estatales y las capacidades del Estado.
Desde ATE cuestionaron los programas de retiros voluntarios y advirtieron sobre posibles presiones para que los empleados acepten las desvinculaciones. También plantearon que la salida de personal experimentado puede afectar el funcionamiento de áreas sensibles y debilitar equipos técnicos que requieren formación y continuidad.
La discusión excede el número de trabajadores que dejan sus puestos. La reducción de personal en organismos como el CONICET, ANSES, ARCA, los servicios ferroviarios y las empresas públicas abre interrogantes sobre la capacidad operativa del Estado para sostener sus funciones.
En ese sentido, el debate enfrenta dos concepciones: la del Gobierno, que presenta la reducción de estructuras y dotaciones como una herramienta para achicar el gasto, y la de los sectores sindicales y críticos del ajuste, que advierten que el recorte puede traducirse en pérdida de servicios, conocimiento técnico y presencia estatal.
Menos empleo público en un escenario de deterioro laboral
La reducción de la planta estatal se produce en un contexto económico en el que el empleo, los ingresos y el consumo continúan bajo presión.
Para los trabajadores afectados, la desvinculación implica la pérdida de una fuente de ingresos y la necesidad de reinsertarse en un mercado laboral que también enfrenta dificultades. Para las economías locales, el impacto puede multiplicarse cuando los recortes alcanzan a organismos y empresas con presencia territorial.
Además, la salida de trabajadores no siempre implica que las tareas que realizaban desaparezcan. En algunos casos, las funciones deben ser absorbidas por equipos más reducidos o reorganizadas dentro de otras dependencias.
El interrogante central es si la reducción de personal está acompañada por una planificación que garantice la continuidad de las prestaciones públicas o si el achicamiento de las estructuras termina trasladando los costos a los usuarios y a los trabajadores que permanecen.
La discusión de fondo: qué Estado queda después del ajuste
La cifra de más de 77 mil puestos menos vuelve a colocar en el centro del debate el alcance de la transformación estatal que impulsa Milei.
El Gobierno reivindica el recorte como parte de su política de equilibrio fiscal y reducción del gasto. Sus críticos advierten que una disminución de esta magnitud puede comprometer capacidades públicas que no se reconstruyen de manera inmediata, especialmente en áreas científicas, técnicas y de atención a la ciudadanía.
Hay, además, una precisión estadística importante: los 77.152 puestos representan una reducción neta de la dotación relevada, no necesariamente 77.152 despidos directos. La variación de personal también puede incluir jubilaciones, renuncias, retiros voluntarios y otras modalidades de desvinculación.
Pero más allá de esa distinción, la dimensión del proceso es contundente: en menos de tres años, el Estado nacional perdió más de una quinta parte de su planta de personal.
Mientras el Gobierno prepara nuevas medidas para profundizar el ajuste, la discusión ya no pasa solamente por cuánto se reduce el gasto, sino también por qué funciones conserva el Estado, qué servicios puede garantizar y quiénes terminan absorbiendo las consecuencias de esa transformación.
