Rutas destruidas: el costo humano y económico del abandono vial
Un relevamiento sobre el transporte de cargas identificó 37 tramos deteriorados en 21 provincias, que abarcan 4.625 kilómetros. Los recorridos pueden sumar hasta cuatro horas de demora y elevan los costos de combustible, neumáticos y logística. El informe también advierte sobre la subejecución de los fondos destinados a infraestructura vial.
El deterioro de las rutas argentinas dejó de ser solamente un problema de infraestructura para convertirse en una preocupación económica, social y de seguridad pública. Los baches, las banquinas destruidas, la falta de señalización y los sectores prácticamente intransitables no solo ponen en riesgo a quienes circulan: también encarecen el transporte, demoran la distribución de mercaderías y trasladan costos a toda la cadena productiva.
Un relevamiento realizado por la consultora Focus Market entre empresas transportistas nucleadas en la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Cargas (PAETAC) identificó 37 tramos en mal estado distribuidos en 21 provincias, con una extensión total de 4.625 kilómetros. De ese total, 35 tramos corresponden a rutas nacionales y concentran aproximadamente 4.540 kilómetros.
En los sectores más comprometidos, los transportistas estimaron que los recorridos pueden demandar hasta cuatro horas adicionales. El impacto se refleja en mayor consumo de combustible, desgaste prematuro de neumáticos, reparaciones frecuentes y demoras en las entregas.
La situación también tiene una dimensión irreparable: los siniestros viales, las personas heridas y las vidas que se pierden en caminos que no ofrecen condiciones adecuadas de circulación.
Más kilómetros, más costos y mayor riesgo
El informe identifica distintos corredores nacionales con problemas severos. Entre ellos aparecen la Ruta Nacional 151, entre Puelén y Cipolletti; la Ruta 152, entre General Acha y Puelches; la Ruta 40 en Santa Cruz y la Ruta 22, en el corredor que conecta Bahía Blanca, Médanos y Río Colorado.
En la Ruta 151 se relevaron aproximadamente 210 kilómetros muy deteriorados. En la Ruta 152, el tramo señalado fue considerado prácticamente intransitable. La Ruta 40, en Santa Cruz, aparece entre los recorridos con mayores demoras, que pueden alcanzar las cuatro horas adicionales.
También se registraron problemas en rutas provinciales. El relevamiento identificó 85 kilómetros en mal estado, con especial preocupación por la Ruta Provincial 2 de Santa Fe, donde se reportaron víctimas fatales y demoras de circulación.
Para las empresas de transporte, cada kilómetro deteriorado representa un costo adicional. Los vehículos consumen más combustible, sufren un desgaste mayor y necesitan reparaciones con más frecuencia. A eso se suman los retrasos en la distribución de alimentos, insumos industriales y productos destinados al mercado interno y a la exportación.
El director de Focus Market, Damián Di Pace, advirtió que la infraestructura vial deficiente afecta la competitividad de toda la cadena productiva y puede trasladarse a los precios finales. En otras palabras, el costo de una ruta en malas condiciones no queda solamente en las empresas transportistas: también puede terminar impactando en productores, comerciantes y consumidores.
El costo humano de circular por rutas deterioradas
La discusión no puede reducirse a una cuestión contable. Detrás de cada tramo sin mantenimiento hay personas que circulan diariamente por trabajo, estudio, atención médica o traslado de mercaderías.
Una ruta con baches profundos, banquinas descalzadas, señalización insuficiente o sectores sin iluminación reduce el margen de reacción ante una maniobra imprevista. En esas condiciones, un error de conducción o una falla mecánica pueden tener consecuencias más graves.
Esto no significa que todos los accidentes puedan atribuirse exclusivamente al estado del camino. La siniestralidad vial es multicausal y también intervienen factores humanos, mecánicos, climáticos y de circulación. Sin embargo, la infraestructura es una variable fundamental para prevenir hechos evitables y reducir la gravedad de sus consecuencias.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha señalado en sus estudios que los siniestros de tránsito generan costos médicos, pérdidas de productividad, daños materiales y consecuencias sociales y humanas que afectan tanto a las víctimas como a sus familias.
Un informe oficial que tomó como referencia datos de 2017 estimó que la siniestralidad vial representó entonces el 1,7% del PBI argentino. Aunque se trata de una medición histórica y no debe confundirse con el costo actual, permite dimensionar el peso económico que tiene esta problemática para el conjunto de la sociedad.
Fondos para las rutas y una ejecución cuestionada
Uno de los puntos más controvertidos del escenario actual es el destino de los recursos destinados a la infraestructura vial.
El informe publicado por Página/12 señala una subejecución estimada del 74% de los fondos recaudados desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Es decir, según ese cálculo, solamente una parte de los recursos habría terminado aplicada a obras viales.
La discusión se concentra en el Sistema Vial Integrado (SisVial), que recibe recursos vinculados al impuesto a los combustibles y tiene como finalidad financiar infraestructura y mantenimiento de la red vial.
La controversia llegó incluso al terreno de las declaraciones oficiales. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que recursos del sistema se utilizan para contribuir al objetivo de equilibrio fiscal, pese a que el destino específico de esos fondos es uno de los puntos centrales del reclamo.
La subejecución denunciada abre una pregunta concreta: si los conductores pagan impuestos asociados al combustible y esos recursos tienen una finalidad vinculada con las rutas, ¿cuánto dinero llega efectivamente a las tareas de mantenimiento y reparación?
El problema no se limita a las grandes obras. El mantenimiento preventivo —bacheo, limpieza de alcantarillas, conservación de banquinas, señalización y reparación de puentes— resulta fundamental para evitar que los deterioros se conviertan en intervenciones mucho más costosas.
El costo de no hacer mantenimiento
La falta de inversión no elimina el gasto: lo posterga y, en muchos casos, lo multiplica.
Un bache que no se repara puede transformarse en un tramo completo deteriorado. Una alcantarilla obstruida puede provocar acumulación de agua y afectar la estructura del camino. Una banquina abandonada puede convertirse en un riesgo adicional cuando un vehículo necesita salir de la calzada.
El resultado es una combinación de mayores costos logísticos, pérdida de tiempo, daños materiales y exposición al riesgo de quienes utilizan las rutas.
En un país cuya economía depende en gran medida del transporte terrestre para conectar centros de producción, puertos, ciudades y pasos fronterizos, la infraestructura vial no es un gasto accesorio. Es una condición necesaria para el funcionamiento de la actividad económica.
La discusión sobre el ajuste fiscal y la obra pública tiene, en este punto, una consecuencia concreta: quién absorbe el costo de las rutas deterioradas. Lo pagan las empresas con mayores gastos, los trabajadores con más horas de viaje, los consumidores cuando los costos se trasladan a los precios y, en el peor de los casos, las familias que pierden a un ser querido en un siniestro vial.
La advertencia de los transportistas vuelve a poner el problema en agenda. Con miles de kilómetros comprometidos y recursos cuya ejecución está bajo cuestionamiento, el deterioro de la red vial deja de ser una postal de baches para convertirse en un problema de seguridad, producción y responsabilidad pública.
