Subejecución en infraestructura en pleno temporal: el Gobierno coloca en el mercado financiero fondos destinados a obras públicas e inundaciones

En medio de las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el fenómeno climático de El Niño en distintas regiones del país, la gestión de la obra pública volvió al centro de la polémica parlamentaria.

Durante el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados, se puso en evidencia la subejecución y el desvío de partidas específicas destinadas a infraestructura vial y prevención hídrica para ser colocadas en instrumentos del mercado financiero y sostener el equilibrio fiscal.

El contrapunto quedó expuesto tras los cuestionamientos formulados al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el uso de los fondos fiduciarios que continúan recaudándose a través de los tributos en los surtidores de combustible. Pese a mantener el cobro del impuesto, los recursos destinados al mantenimiento de rutas y mitigación de inundaciones no se ejecutan en su totalidad y son destinados a colocaciones financieras para evitar la pérdida de valor del capital.

Los datos centrales de la ejecución y el freno a la obra pública

• Subejecución del Fondo Vial y de Infraestructura:

  • Durante el ejercicio 2025, la ejecución de dichos fondos alcanzó apenas el 20,6% ($43.069 millones de un total de $208.869 millones).

  • Al segundo trimestre de 2026, la ejecución escaló al 63,8% ($87.948 millones sobre $137.951 millones).

  • El promedio anual de ejecución de estos recursos ronda históricamente el 32%.

    

• Reconocimiento oficial y destino de los recursos:

  • Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la no utilización de la totalidad de las partidas responde a la política de contención del gasto. Voceros oficiales confirmaron que el excedente no ejecutado se redirige a apuntalar el superávit y la meta de equilibrio fiscal.

  • Ante los cuestionamientos sobre el rendimiento financiero de esos saldos en títulos públicos y depósitos, el secretario de Hacienda sostuvo en la comisión que se trata de colocaciones para evitar que pierdan valor nominal.

• Parálisis de proyectos de infraestructura:

  • Según la información presentada por el Ministerio de Economía ante la Cámara baja, de un universo de 2.339 obras públicas en cartera, el Estado nacional avanzó en la baja o rescisión de 1.683 contratos.

  • Del total restante, 467 obras fueron transferidas a las órbitas provinciales para que asuman su financiamiento o finalización, confirmando la retirada del Estado nacional en materia de obra pública directa.