La Justicia reincorporó a un trabajador al Hospital Bonaparte
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Estado nacional reinstalar al trabajador en un plazo de 48 horas. También dispuso el pago de los salarios adeudados desde febrero de 2025.
La Justicia laboral ordenó la reincorporación de un delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que había sido despedido del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”. La resolución representa un nuevo capítulo del conflicto por los despidos en el sector público y la protección de los representantes sindicales.
La decisión fue adoptada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el gremio y dispuso que el Ministerio de Salud de la Nación reinstale al trabajador en su puesto, en las mismas condiciones laborales que tenía antes de su desvinculación.
Según informó InfoGremiales, el tribunal fijó un plazo de 48 horas desde la notificación de la resolución para cumplir con la reincorporación. Además, ordenó abonar los salarios caídos desde el 1 de febrero de 2025 y las remuneraciones que se devenguen hasta la efectiva reinstalación. <Cite refs={[«turn398850search0″,»turn398850search1»]}/>
Un fallo que vuelve a poner en discusión los despidos estatales
La resolución judicial se inscribe en el escenario de conflicto que atraviesa el empleo público nacional, con desvinculaciones, reestructuraciones y reclamos sindicales por la estabilidad laboral.
El Hospital Bonaparte, especializado en salud mental y consumos problemáticos, fue uno de los establecimientos que quedaron en el centro de la discusión por las políticas de reorganización del sistema sanitario nacional. Desde ATE, las medidas adoptadas por el Gobierno fueron cuestionadas por su impacto sobre los trabajadores y el funcionamiento de los servicios.
En este caso, la controversia no se limita a la continuidad de un puesto de trabajo: también involucra las garantías que protegen a quienes ejercen representación gremial. La tutela sindical establece mecanismos específicos para evitar que los representantes de los trabajadores sean despedidos o modificadas sus condiciones laborales al margen de los procedimientos legales correspondientes.
La Cámara revocó una decisión anterior
De acuerdo con la información publicada sobre el expediente, la Cámara revocó una resolución de primera instancia del 2 de febrero de 2026 y rechazó el planteo de incompetencia presentado por el Estado nacional. De esa manera, consideró que la Justicia Nacional del Trabajo debía intervenir y admitió la medida cautelar solicitada por ATE.
La decisión es de carácter cautelar: ordena una protección provisoria mientras continúa la controversia judicial y no equivale necesariamente a una sentencia definitiva sobre todos los aspectos del litigio.
El tribunal también impuso las costas de ambas instancias a la parte demandada. El expediente tramita bajo el número CNT 13137/2025 ante el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 16.
Rodolfo Aguiar celebró la decisión
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió el fallo y lo calificó como un avance de la organización sindical frente a los despidos.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, expresó el dirigente, al cuestionar la desvinculación y reivindicar las garantías constitucionales de los trabajadores estatales.
Desde el sindicato sostienen que la resolución constituye un respaldo a la actividad gremial y a los derechos de los representantes de los trabajadores. El alcance de la medida y su cumplimiento por parte del Estado nacional serán los próximos puntos a observar.
El conflicto sigue abierto
La orden de reincorporación vuelve a poner bajo la lupa la política de reducción y reorganización del empleo público, así como los límites legales que deben respetarse en las desvinculaciones de representantes sindicales.
Para ATE, el caso refuerza el reclamo por el respeto de la estabilidad laboral y la libertad sindical. Para el Estado nacional, la resolución implica la obligación de cumplir con la medida judicial en los términos establecidos, mientras el proceso continúa.
El desenlace del expediente permitirá conocer cómo evoluciona la controversia de fondo. Por el momento, la Cámara dispuso la reinstalación provisoria del delegado y el pago de las remuneraciones correspondientes, una decisión que vuelve a ubicar los derechos laborales y la representación gremial en el centro del debate sobre el empleo público.
