Caputo envió a su segundo al Congreso para negar el ajuste en discapacidad y crece la tensión con los aliados
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió el proyecto de Presupuesto 2027 ante diputados dialoguistas y rechazó que contemple un recorte en discapacidad. Sin embargo, sus explicaciones no disiparon las críticas de los bloques aliados, que cuestionan los cambios incluidos por Economía y reclaman precisiones sobre el financiamiento de las prestaciones.
La discusión por los fondos destinados a discapacidad volvió a generar tensión entre el Gobierno nacional y los bloques legislativos que acompañan algunas de sus iniciativas. En una reunión reservada en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, debió responder por las modificaciones que el Ministerio de Economía incorporó al proyecto de Presupuesto 2027.
Enviado por el ministro Luis Caputo, el funcionario sostuvo que no existió un ajuste en las partidas del área y cuestionó la información difundida por los medios de comunicación. Según trascendió sobre el encuentro, Guberman pidió a los legisladores que no se guiaran por esas publicaciones, una explicación que no logró desactivar el malestar de los representantes de los bloques dialoguistas.
La respuesta generó nuevos cuestionamientos. Los legisladores señalaron que las objeciones no surgieron solamente de las noticias periodísticas, sino también de declaraciones públicas de referentes oficialistas y de los cambios concretos que aparecieron en el texto presupuestario enviado al Congreso.
Un presupuesto que abrió otro frente de conflicto
La controversia se originó con la presentación del Presupuesto 2027, cuyo capítulo dedicado a discapacidad incluyó modificaciones que despertaron preocupación entre legisladores y organizaciones vinculadas al sector.
Entre los puntos cuestionados se encuentran la eliminación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, los cambios en las condiciones de acceso a determinadas prestaciones y la incertidumbre sobre los mecanismos de actualización de los pagos a prestadores. Estas disposiciones provocaron cuestionamientos de sectores opositores y de integrantes de los bloques que el oficialismo necesita para avanzar con la ley.
El conflicto adquirió mayor dimensión porque, antes de conocerse el contenido del proyecto, existían conversaciones para alcanzar un acuerdo con el PRO, la Unión Cívica Radical y otras bancadas provinciales. La intención era consensuar una propuesta que permitiera resolver la discusión sobre la emergencia en discapacidad y establecer un esquema de financiamiento con mayor previsibilidad.
Sin embargo, la inclusión de artículos cuestionados en el presupuesto generó desconfianza entre los interlocutores parlamentarios y obligó al oficialismo a reabrir las negociaciones.
Los aliados reclaman explicaciones
Durante la reunión, los representantes de los bloques dialoguistas pusieron en duda la explicación de Hacienda. El planteo de que no existía un ajuste chocó con las advertencias que ya habían formulado distintos legisladores sobre el impacto de las modificaciones presupuestarias.
El malestar también se extendió a los fondos destinados a las universidades públicas. Legisladores radicales cuestionaron las partidas previstas para el sistema universitario y advirtieron sobre la distancia entre los recursos proyectados y los montos que las instituciones consideran necesarios para sostener su funcionamiento.
De esta manera, la discusión dejó de limitarse a una diferencia técnica sobre la elaboración del presupuesto y pasó a comprometer las negociaciones políticas que el Gobierno necesita para conseguir respaldos en el Congreso.
El oficialismo busca evitar que las diferencias por discapacidad y universidades terminen bloqueando el tratamiento de la ley de gastos e ingresos para el próximo año. Los aliados, por su parte, reclaman que los compromisos asumidos durante las conversaciones se reflejen de manera concreta en el texto que finalmente se someta a votación.
La discusión que todavía no se resolvió
La presentación de un presupuesto alternativo o la modificación de los artículos cuestionados aparecen como parte de las opciones para destrabar el conflicto. No obstante, las diferencias sobre el alcance de los cambios y las garantías de financiamiento continúan abiertas.
El antecedente inmediato es significativo: en septiembre, tras las primeras críticas, desde el oficialismo habían reconocido la necesidad de revisar el capítulo de discapacidad y avanzar hacia una redacción consensuada con los bloques aliados. La nueva controversia muestra que las explicaciones de los funcionarios no alcanzaron, por sí solas, para cerrar la discusión.
La disputa también expone las dificultades de coordinación entre el área económica y los negociadores parlamentarios del Gobierno. Mientras Hacienda sostiene que no hubo un ajuste, legisladores de distintos espacios señalan que el proyecto contiene disposiciones que deben revisarse antes de su aprobación.
El debate por el Presupuesto 2027 continuará condicionado por esa diferencia: el Gobierno necesita reunir apoyos para avanzar con su programa económico, pero los bloques dialoguistas exigen definiciones precisas sobre los recursos destinados a discapacidad y universidades. Por ahora, la discusión sigue abierta y el desenlace dependerá de los cambios que se incorporen al proyecto durante su tratamiento legislativo.
